NOTICIA DE LAS COSAS MEMORABLES DE GUIPUZCOA / PABLO GOROSABEL

LIBRO VIII

DE LAS COSAS DE GUERRA Y MARINA

CAPÍTULO I.

DEL ESTADO MILITAR EN GUIPÚZCOA

Sección I

Del Capitán General

 

No se tiene noticia de la existencia de autoridad alguna militar en Guipúzcoa hasta el advenimiento de los Reyes Católicos; y así, su creación debe considerarse de época posterior. El historiador Esteban de Garibay, habiendo de la entrada del ejército francés en esta provincia el año de 1476, da a entender que no había entonces semejante funcionario militar; en cuya confirmación añade que la reina envió por Capitán general de la misma a D. Diego López de Sarmiento, conde de Salinas, y su merino mayor. Pero como los dos gobiernos castellano y francés quedaron indispuestos a causa de estos mismos sucesos, lo natural es /008/ que se conservara en esta frontera un jefe militar que la vigilara, a lo menos en las ocasiones de más peligro. Así es que el propio historiador, refiriendo las cosas del año de 1496, dice que D. Juan de Gamboa, Capitán general de Guipúzcoa en las fronteras de Francia y Navarra, y Alcalde de la villa de Fuenterrabía, habíase recogido en su vejez a aquella provincia, patria suya. Dice enseguida que fue enterrado en el cementerio de la villa de Irún, en cuya sepultura de piedra se le puso un letrero que expresaba las mismas circunstancias. También se lee en Garibay que en 15 12 era, Capitán general de esta provincia y Alcaide de Fuenterrabía Diego López de Ayala, Señor de Cebolla, el que hizo el cabo de su nombre y apellido a la parte de Francia. Su título original, que se conserva en el archivo de mi cargo, dice así: El rey.-Concejos, I untas y procuradores de la muy noble y muy leal provincia de Guipúzcoa. Por la necesidad que hay a la guarda y conservación de esa provincia y frontera de un Capitán y persona que entienda en las cosas de la guerra y defensa de esa dicha provincia; y conociendo la habilidad y pericia de Diego López de Ayala, nuestro "aposentador mayor, yo le he mandado que resida y esté en esa dicha provincia por nuestro Capitán. Por ende, yo vos mando que le hagáis y tengáis por nuestro Capitán de esa dicha provincia y frontera, y hagáis y cumpláis en lo tocante a la dicha Capitanía todo lo que de mi parte vos dijere y mandare, como si yo mismo vos lo mandare, é para ello y para todas las otras cosas el dicho cargo de Capitán anexas y dependientes le doy poder cumplido: é los unos, nin los otros non fagades ende al. Fecha en Logroño a 5 de Noviembre de 1512 años. Este título se presentó a las Juntas generales de Rentería del mismo año, las cuales acordaron obedecer y cumplir su contenido, según se había hecho antes.

/009/La existencia de los Capitanes generales de esta provincia y su frontera aparece desde esta época en adelante de una manera permanente. Así es que de la copia de la acta de la Junta general de Guetaria de Noviembre de 1517 aparece que a la sazón tenía dicho mando militar D. Sancho Martínez de Leiva, y en 1522 D. Beltrán de la Cueva. Igualmente se des. cubre que en 1542 lo obtenía D. Sancho de Leiva; que D. Diego de Carvajal fue electo para su desempeño en 1551, y que a consecuencia de su fa1lecimiento le reemplazó en el cargo en 1563 n. Juan de Acuña. La residencia habitual de estos jefes era en la entonces villa de Fuenterrabía, como plaza de armas fronteriza, y reputada por de más importancia entre las' de la provincia, en cuyo concepto había siempre en ella alguna tropa de guarnición, aunque poco numerosa, y los demás dependientes necesarios para el servicio militar. El cargo de Capitán general de Guipúzcoa había sido en tiempo de los mismos jefes independiente o de por sí. Pero D. Vespasiano Gonzaga Colona, duque de Trayeto, virrey de Navarra, obtuvo en 15 72 además el título de Capitán general de Guipúzcoa, y otro tanto sucedió respecto de D. Sancho de Leiva en 15 75; por consiguiente, en tiempo de estos dos jefes la Capitanía general de esta provincia dependió del virreinato de aquel reino: D. García de Arce fue electo para solo aquel cargo en 1579; D. Hernando Hurtado de Mendoza en 1598: D. Juan Velázquez en 1590. Estos tres generales desempeñaron por consiguiente la Capitanía general de esta provincia con total independencia del virrey de Navarra, como lo había sido en el origen de su creación, teniendo su residencia habitual en la entonces villa de San Sebastián.

Velázquez solicitó en 1598 al Rey le exonerase de la continuación en el servicio de la Capitanía general de la provincia. Tuvo esta noticia de ello, /010/ como también de que Su Majestad trataba de agregar esta autoridad al virreynato de Navarra, quedando en Fuenterrabía un teniente de Capitán general, en cuyo concepto se iba a expedir el Correspondiente despacho a favor de D. Juan de Cardona. A su consecuencia, se reunió Junta particular en 26 de Mayo del mismo año en el sobrado contiguo a la Iglesia parroquial de San Bartolomé de la tierra de Vidania. Tratóse allí de este asunto, cuya resolución se calificó generalmente de importancia; pero a causa de la diversidad de pareceres sobre el acuerdo que debía tomarse, no se llegó á adoptar resolución alguna. Cardona, que ya de antes era virrey de Navarra, reunió por fin el título de Capitán general de Guipúzcoa en el mes de Julio del mismo año, con recomendación de que residiese en esta provincia todo el tiempo que pudiese excusar su permanencia en aquel reino. Las Juntas celebradas en la villa de Azpeitia por el mes de Noviembre del año siguiente, noticiosas de que dicho general había pretendido su traslación a otro punto, acordaron representar de nuevo al Rey los inconvenientes que resultaban al país de la reunión de aquellos dos cargos en una  persona. No se halla, sin embargo, que la provincia hubiese conseguido sus deseos, y sí, al contrario, que la Capitanía general de ella continuó en los años inmediatos agregada al virreinato de Navarra. Consta también que en 1618, a consecuencia de haber sido promovido D. Alonso de Idiáquez, duque de Ciudad-Real, que obtenía ambos conceptos al mando de los estados de Milán, la provincia insistió en su pretensión de que se nombrase Capitán general separado para esta provincia. A su consecuencia, en 17 de Junio del mismo contestó el Rey a la provincia que tenía proveídos aquellos cargos en el conde de Agüilar, y no podía tener lugar dicha solicitud; pero que en otra ocasión mandaría se tuviese cuenta de lo que /011/ había representado. Se halla, en efecto, que otro duque de Ciudad-Real, con motivo de la guerra con Francia, fue nombrado en 1635 Capitán general de esta provincia independiente del virrey de Navarra. En la misma forma lo fueron el marqués de San Damián en 1636, D. Juan Chacón Ponce de León en 1637, el marqués de los Vélez en 1639) etc. Pero volvieron a reunirse ambos cargos en 1644 en el conde de Oropesa, que los desempeñó por tiempo de dos años, siendo entonces elegido para solo lo de Guipúzcoa D. Juan de Garibay. Este general se estableció en San Sebastián por su conveniencia, como lo hicieron sus sucesores, cuyos nombres omito por evitar la prolijidad, y no, considerar necesario.

Tal es el estado en que se conservó la Capitanía general de esta provincia durante los tres siglos últimos. Según se ve de una comunicación de quien la desempeñaba de 7 de Enero de 1800, el Rey tuvo por conveniente suprimir éste empleo sustituyéndolo con el de Comandante general con residencia en la plaza de San Sebastián, no se expresa si con dependencia ó no del virreinato del reino de Navarra. Así se siguió hasta la época de la guerra de la Independencia, durante la cual los generales franceses dominaron el país con su gobierno militar propio de aquellas circunstancias. Expulsado este enemigo por los ejércitos aliados en 1813, Su Majestad se sirvió conferir el siguiente año a D. Juan Carlos de Areizaga el cargo de Capitán general de esta provincia, al mismo tiempo que el mando en jefe del ejército de observación estacionado en esta provincia, Su residencia permanente o habitual fue en la villa de Tolosa, aun después de disuelto dicho ejército, teniendo bajo sus órdenes un Gobernador militar en la plaza de San Sebastián. Habiendo fallecido Areizaga en aquella villa por el mes de Marzo de 1820, no tardó en sustituirle en el mando de la Capitanía general el /012/Teniente general de los ejércitos D. Gabriel de Mendizábal, quien se estableció en aquella ciudad. Las Cortes decretaron después en 27 de Enero de 1822 la división del territorio español en distritos militares, y siendo el 5º compuesto de Navarra y las tres provincias vascongadas, su capital fue Vitoria, donde el Capitán general fijó la residencia.

Abolido el régimen constitucional en 1823 a consecuencia de la invasión francesa, la regencia provisional del reino confirió al Mariscal de Campo D. Vicente de Quesada el título y empleo de Capitán general de las tres provincias vascongadas. Otro tanto sucedió respecto del brigadier D. Manuel Llauder, que le reemplazó en el mismo año por su salida al ejército. Alava y Vizcaya se opusieron a este último jefe semejante dictado, cuyo uso consideraban era una violación de sus respectivos fueros, buenos usos y costumbres, que no admitían en sus territorios autoridad alguna superior militar, ni había en ellos plaza de armas. Representaron por lo mismo a aquella regencia contra semejante medida, sin que por eso hubiesen conseguido dejarla sin efecto, por no ver en ella ningún contrafuero. Sin embargo, aparece que el mismo general D. José San Juan, que en concepto de Ministro de la Guerra había firmado esta resolución denegatoria, vino a principios de 1824 con el título de Capitán general de Guipúzcoa. Así ocurrió también con D. Pedro de Grimarest, D. Vicente de Quesada y D. Blas Tournas, que sucedieron en la Capitanía general de la misma provincia. Las circunstancias políticas ocurridas en el vecino reino, agravadas con la invasión que hicieron los emigrados de 1830 en territorio español, fueron motivos para que la Capitanía general de Guipúzcoa se declarase dependiente del virreinato de Navarra con el fin de centralizar el mando de las fuerzas. Así se conservó hasta el año de 1833, en que habiéndose separado ambos cargos, /013/ se restableció la antigua Capitanía general peculiar; de esta provincia. Durante la guerra civil el mando supérior de las tropas militares en estas provincias y Navarra perteneció a los generales en jefe del ejército; y suspendida aquella Capitanía general, solamente se conservó en la plaza de San Sebastián un Comandante general. Pasadas estas circunstancias, por Real orden de 4 de Noviembre de 1840 se restableció la antigua autoridad militar de Guipúzcoa con extensión del mando de Alava y Vizcaya, y por otra de 10 de Diciembre del mismo año se revolvió que en adelante se denominase Capitanía general de las provincias vascongadas. Conforme a estas disposiciones, este jefe militar residió en la ciudad de San Sebastián, de donde se trasladó en 1843 a la de Vitoria, capital del XII distrito militar nuevamente creado. Ya se sabe por último que en virtud del Real decreto de 2 de Julio de 1866 los territorios de las Capitanías generales de Navarra y las provincias vascongadas forman en el día un solo distrito militar, que es el último estado de cosas.

Es constante que la autoridad del Capitán general de esta provincia, conforme a los fines de su institución, era puramente militar, reducida al cuidado de las plazas fuertes y al mando de la tropa de la guarnición de las mismas. Ninguna intervención tenían, por consiguiente, estos jefes militares en el gobierno provincial ni municipal, así como tampoco en particular respecto de las personas de los naturales. Por eso declara una Real cédula de 31 de Diciembre de 1648 que para los militares había en esta provincia un Capitán general nombrado por Su Majestad, «quien gobernaba a la gente de los presidios y lo tocante a ellos, sin que se les hubiese dado más mano, ni permitido otra disposición.  Como se verá más adelante, ellos ni en tiempo de guerra tenían autoridad alguna de mando sobre los guipuzcoanos /014/ armados para la defensa interior del país y su frontera. En confirmación de este límite, puesto al ejercicio de: sus funciones, se hallan diferentes Reales cédulas y provisiones comunicadas a la provincia, cuya indicación no estará de más para la futura memoria de las cosas y hechos. Por una de 29 de Septiembre de 1544 se mandó el expresado jefe militar que no se embarazase al Alcalde de Sacas la exacción de los derechos acostumbrados de su oficio; pero todavía con más generalidad se le prescribió por otra de 19 de Julio de 1553 que no se entrometiese en cosa alguna tocante a dicha alcaldía. Consta también que por otras dos Reales cédulas de 10 de Junio de 1558 y 4 de Marzo de 1559 se le mandó no impidiese al Alcalde de Sacas tener su gabarra en el paso de Beobia, sea en tiempo de paz o de guerra. Se halla igualmente que en 1560 el Capitán general empezó a proceder contra uno de los Alcaldes de San Sebastián, a quien llevó preso a Fuenterrabía; pero que por Real provisión y sobrecarta librada por el Consejo en 19 de Septiembre del mismo año, se le obligó a sobreseer en la causa poniendo a aquel en libertad. Por otra de 9 de Julio de 1581 se le mandó que no impidiese a los merinos del Corregidor el cumplimiento de los despachos que se le cometiesen en la administración de Justicia. Se ve por fin que por otra de 16 de los propios mes y año se le mandó remitir al Corregidor la causa que había principiado a formar contra dos naturales paisanos que tenía presos en Fuenterrabía por haber quitado a unos militares un hombre a quien habían arrestado.

Pero, andando el tiempo, la autoridad de los Capitanes generales de esta provincia se fue extendiendo algún tanto. Así es que se halla que por una Real cédula se autorizó en 1595 a D. Juan Velázquez para reconocer los buques que entrasen en los puertos de ella, y ver si traían bastimentos para el surtido de /015/  los naturales, o mercaderías prohibidas. Se ve también que en 1673 se le encargó el cuidado de los extranjeros, determinando quiénes de ellos podían residir, o debían salir de San Sebastián, asunto que hasta entonces había sido de la exclusiva atribución de los Alcaldes. Consta igualmente que en 1676 se confirió a D. Luis Ferrer, que desempeñaba aquel cargo, la subdelegación del contrabando de la frontera, con facultad de poner veedores en esta y en San Sebastián; comisión que desempeñaron sin oposición, no solo el mismo jefe militar, sino también sus sucesores en la Capitanía general, como resulta de varios papeles. Aparece del propio modo que en 17 15 el príncipe de Campoflorido, Capitán general de esta provincia, obtuvo la comisión de percibir los arbitrios destinados a la limpia del puerto de Pasajes, y en 17 7 la de establecer en su frontera y costa las aduanas, cuyo gobierno superior ejerció. No es menos cierto que en virtud de la Real orden de 13 de Marzo de 1761 se delegó por el gobierno en los Capitanes generales de Guipúzcoa la expedición de pasaportes para la extracción de dinero a Francia en pago de bastimentos introducidos. En 1764 se le encargó también la matrícula de los extranjeros, y otra Real orden de 13 de Septiembre de I791 autorizó al que entonces tenía el cargo, para entender y disponer de los asuntos pertenecientes a los refugiados franceses en el distrito de su mando, con quien se hubiesen de entender las providencias .procedentes de la Real cédula de 20 de Julio sobre extranjeros domiciliados y transeúntes. A los mismos se confirió así bien la subdelegación de correos y postas de su territorio en cumplimiento de la Real cédula de 2 I de Febrero de 1777. Por Real orden de 20 de Septiembre de 1796 se declaró igualmente que el Capitán general de Guipúzcoa fuese en adelante Juez del contrabando; y en virtud de otra de 18 de Agosto de /016/ 1814 se confirmó este concepto, dándosele además el título de subdelegado general de rentas de la misma provincia.

El ejercicio de la autoridad de los Capitanes generales de Guipúzcoa en la parte judicial produjo en lo antiguo diversos conflictos de jurisdicción con los Corregidores y Alcaldes ordinarios de la misma. A su consecuencia, en 10 de Mayo de 1544 se dirigió a D. Sancho de Leira una Real provisión librada por el Consejo, por la cual, después de manifestar su Alteza hallarse informado de las diferencias. que ocurrían sobre el conocimiento de causas, se trató de arreglar esta. materia. Tales el objeto de la carta-partida, que forma el capítulo 17, título 3º de la Recopilación foral, llamada impropiamente concordia, a lo menos en el sentido de que sea un convenio celebrado entre la autoridad militar y la judicial ordinaria, cuyas disposiciones se reducen a lo siguiente: 1º El Capitán general, y en su ausencia su lugarteniente, conocerá y determinará las causas criminales que se ofrecieren entre la gente de guerra que residiere en la provincia, unos con otros. 2º Respecto de las causas criminales que acaeciesen entre la gente de guerra y los habitantes de San Sebastián y F'uentetrabía, tendrá lugar la prevención entre la citada autoridad militar y la judicial ordinaria. 3ª Si alguna de estas causas así prevenidas fuese por delito grave, de manera que el reo mereciese pena de muerte o mutilación de miembro, el que instruya el proceso no la sentenciará por si solo, sino juntamente con el otro, y, en caso de discordia, se remitirá a Su Majestad. 4º En el repartimiento de las presas y cabalgadas que se hicieren por mar o por tierra con sola la gente de guerra, entienda exclusivamente el Capitán general, y lo mismo en las que se hiciesen de orden suya por militares, aunque vaya con estos gente de tierra. 5º A la ,inversa, en las presas que /017/ se hiciesen por gente de la tierra; aunque haya mezcla de la de guerra, conocerá la jurisdicción ordinaria. Por haberse suscitado algunas dudas sobre la inteligencia de las precedentes disposiciones, se consultó el asunto con Su Majestad, y por su resultado se libró en 15 de Agosto de 1568 la competente Real cédula con las dos declaraciones siguientes: La En las causas criminales que acaezcan entre militares y paisanos, si las; partes se agraviaren de las sentencias, las apelaciones vayan al Consejo de guerra, conociendo de aquellas la autoridad militar, y a la Audiencia del territorio, si las hubiese prevenido la jurisdicción ordinaria. 2ª Siendo graves las causas criminales, de manera que proceda pena de muerte o mutilación de miembro, en los casos de haber lugar a prevención, según la disposición del número segundo, ambas autoridades se acompañen respectivamente para dar sentencia, y las apelaciones vengan al Tribunal superior respectivo. No obstante estas resoluciones, ocurrieron nuevas diferencias entre el Capitán Pedro Navarro, lugarteniente del Capitán general, y los alcaldes de San Sebastián, contra 1os cuales procedió criminalmente. Recurriose, pues, de nuevo a Su Majestad, y a su virtud se despachó una Real provisión en 25 de Agosto de 1584, reducida a mandar el exacto cumplimiento de las dos precedentemente extractadas, bajo la pena de cincuenta mil maravedís al que las quebrantase.