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PATRIMONIO RURAL Y POLÍTICAS EUROPEAS
Recibido:2001-09-01 Aceptado: 2001-09-26
©Eugenio RUIZ URRESTARAZU Departamento de Geografía, Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea Facultad de Filología y Geografía e Historia Francisco Tomás y Valiente s/n 01006 Vitoria-Gasteiz (España)
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Laburpena: Ondare landatarra eta Europako politikak. Landa eremuaren elementu, estruktura eta dinamikak dituzten ondare ezaugarriak bere osotasunean hartu behar dira. Multzo teorikoaren ezak politika serio baten falta eragin du Europan. Kontezptu hau sakondu eta hedatzeko beharraz, lurralde kudeaketan barneratzeko asmoz, hausnartzen da artikulu honetan. Hitz gakoak: Ondarea, ondare landatarra, Europako politikak, lurralde-kudeaketa. Resumen: Patrimonio rural y políticas europeas El campo ofrece unos rasgos patrimoniales propios en sus componentes, estructura y dinámica que deben ser aprehendidos de manera global e integrada. La carencia de una formulación teórica ha colaborado a la inexistencia de una verdadera política europea sobre el patrimonio rural. En este artículo se sostiene la necesidad de profundizar en el desarrollo teórico del término y en su divulgación y aceptación social con el objetivo de aplicarlo a la gestión territorial. Palabras-clave: Patrimonio, patrimonio rural, políticas europeas, gestión territorial. Abstract: Rural heritage and european policies The countryside has its own heritage features in its components, structure and dynamics, and these should be conceived in a global and integrated fashion. The lack of a theoretical formula has collaborated with the non-existence of a true European policy on rural heritage. This article upholds the need to go deeper into the theoretical development of the term and to promote its social diffusion and acceptance, with the aim of applying it in territorial management. Key words: heritage, rural heritage, european policies, territorial management
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1. Introducción El postproductivismo y la plurifuncionalidad de los espacios rurales han hecho emerger nuevas perspectivas y nuevos intereses en torno a la estructura y las dinámicas de tales espacios, tal como lo atestiguan autores de diversos países europeos. (Halfacree, 1996; Renard, 1999; Majoral, 1996). Sus elementos medioambientales, socioculturales y paisajísticos cobran cada vez más relevancia cuando se quiere aprehender la realidad actual del campo, sus procesos y su personalidad (Cloke and Little, 1997; Phillips, 1998). En este contexto ha comenzado a aparecer con fuerza el concepto de patrimonio rural, como un concepto comprensivo, teórico y funcional a la vez. Este patrimonio representa un valor social y cultural irrenunciable y ha adquirido un sentido de recurso económico y de generación de empleo. Este último componente de factor de desarrollo va a incrementar su protagonismo en un inmediato futuro. Su previsible evolución será especialmente significativa en comarcas con déficit de otros recursos pero poseedoras de un rico patrimonio (Mitchell, 1998; Light and Dumbraveanu, 1999). En este artículo se parte de la hipótesis de que no existe consenso generalizado sobre el concepto que pueda definir el significado exacto de la expresión patrimonio rural y que en algunas instancias, tanto públicas como privadas, simplemente tal concepto parece no existir. También se sostiene que no se ha configurado en realidad una política europea de conservación y mejora de ese supuesto patrimonio. Es difícil, si no imposible, diseñar e implementar una política sobre algo que no está definido. Sin embargo, a partir de políticas sectoriales es factible avanzar en la gestión sostenible de dicho patrimonio. Con el fin de verificar estos supuestos se ha dividido el trabajo en tres apartados:
Del análisis de estos puntos se derivará el grado de interés de generar un debate teórico y aplicado sobre el concepto, características, dinámica y gestión del patrimonio rural, así como de consensuar e implementar una política europea global y coherente. 2. Concepto de patrimonio (y de patrimonio rural) Si se repasan las diferentes leyes sobre el patrimonio, estatales o regionales, de distintos países europeos, se advierten enseguida notables coincidencias entre ellas, fruto de una base conceptual común. Se parte del principio de que el patrimonio, como bien social, está integrado por elementos de interés cultural por su valor histórico, urbanístico y arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, científico y técnico. También forman parte del patrimonio elementos documentales y bibliográficos, yacimientos y zonas arqueológicas, jardines y parques, sitios naturales o lugares de interés etnológico como parajes naturales o construcciones vinculadas a formas de vida, cultura y actividades tradicionales. En los últimos años la propia idea de patrimonio ha ido cambiando y enriqueciéndose. Tomemos como ejemplo un documento elaborado en una región del sur de Europa, Andalucía, en el que se establecen las bases sobre patrimonio y desarrollo en esa región española (Fernández Salinas, 1996). Entre los avances que se proponen figura la consideración de los elementos culturales y también de los naturales dentro del bagaje patrimonial (Murdoch, 1997). Esos elementos no son sólo los heredados de los antepasados, sino también los que se crean en el presente. Los habitantes del lugar deben reconocer en ellos sus señas de identidad y han de ser transmitidos a las generaciones venideras mejorados y acrecentados. Además, el patrimonio tiene que desempeñar una función social y ha de gestionarse con una intencionalidad: servir de factor de desarrollo al colectivo al que pertenece. A pesar del interés existente en delimitar con mayor precisión el concepto de patrimonio y el empeño en globalizar su contenido y sus funciones, la tendencia dominante continúa siendo en gran medida la perspectiva urbanística-monumental. Del campo interesa su arquitectura y su urbanismo tradicionales, junto con utensilios y costumbre etnográficas que ofrecen al espectador urbano postindustrial una imagen idealizada del pasado y del inexistente idilio rural. De ahí que hayan proliferado museos ligados a estos aspectos, entre los que destacan los museos al aire libre, en los que se destila una determinada ideología, la más de las veces de carácter conservador (Ehrentraut, 1996; Graham, 1996). Pero en este contexto ¿dónde se encuentra el auténtico territorio rural y su genuina y diversa sociedad? No es de extrañar por tanto que la noción de patrimonio rural adquiera un sesgo museístico y etnográfico. No existe apenas referencia a lo territorial, a excepción de lugares emblemáticos o escenarios históricos. Se carece de perspectiva y valoración del paisaje como elemento integrador y dinámico. En definitiva, ¿el patrimonio rural se identifica con aquellos bienes que simplemente están en el campo y carece por tanto de un carácter privativo? En nuestra opinión la respuesta es negativa. Pensamos que el patrimonio rural, además de muchos comunes, posee elementos propios y diferenciados que sólo a él le pertenecen. Y que deben ser contemplados, valorados y gestionados dentro de lo que podríamos denominar sistema rural, sin que ello signifique establecer una dicotomía entre ciudad y campo, sino más bien lo contrario. 3. Elementos patrimoniales de las áreas rurales y sus características intrínsecas Por supuesto que los monumentos, el urbanismo y los restos arqueológicos forman parte del patrimonio rural. Pero además de ellos existen muchos otros componentes que le prestan una riqueza y variedad que a menudo pasan inadvertidos o son deficientemente valorados. Sin ánimo de ser exhaustivos se podrían citar algunos que, aun siendo todos ellos conocidos, muchas veces no son considerados como elementos patrimoniales (Fernández Salinas, 1996): viviendas y edificaciones populares, no sólo las de valor arquitectónico o las emblemáticas por su tipismo; paisajes agrarios como forma de organización espacial y de reparto de usos del suelo y reflejo de una organización socioeconómica y de una historia; elementos paisajísticos de valor singular por sus ecosistemas, su biodiversidad, su belleza; infraestructuras territoriales: red de caminos, puentes, vías pecuarias, obras hidráulicas, de regadío, etc.; modos de vida, valores, comportamientos, tradiciones folklóricas y etnográficas (religiosas, festivas, administrativas...); artesanía en sus más diversas modalidades; productos propios, brutos o transformados; gastronomía (Berard and Marchenay; 1995), idioma, variedades dialectales y léxico agrario. La puesta en valor de estos y otros elementos no debe acometerse de forma sectorial y aislada, sino que deben ser analizados y gestionados en el conjunto de su propio territorio, que priorizará unos y marginará otros, en su estructura y sus interrelaciones y en sus procesos. Para que el patrimonio rural pueda ser considerado como tal no basta con que cuente con unos determinados elementos ensamblados en una estructura global y dinámica, es preciso además que cumpla con unos atributos o características. La sociedad del lugar, al menos una parte significativa, lo tiene que asumir como tal patrimonio desde una perspectiva crítica y creativa. Supone, a la vez, un principio cualificador del entorno cultural y territorial, un factor dinamizador de la vida económica, un recurso o factor de desarrollo y una expresión de calidad de vida. Por su propia esencia, en gran medida perceptiva, representa una imagen hacia el exterior, la cual puede actuar como factor de competitividad si su gestión es adecuada. Una de las claves estratégicas del patrimonio rural estriba en considerar el territorio como el contexto idóneo para su comprensión y valoración. De ese modo se integra en el sistema de relaciones socioeconómicas que lo han ido modelando a lo largo de su evolución histórica. Más aún, esto le permite engarzarlo dentro de otros enfoques de elevado interés social como los medioambientales, el desarrollo sostenible o las diferenciaciones sociales. La escala territorial permite también conjugar los componentes naturales y culturales y valorarlos de manera integrada. De estas últimas consideraciones se desprende la importancia de la gestión del patrimonio rural desde la planificación territorial. Otro aspecto en el que conviene insistir es en la excesiva dependencia del pasado. El patrimonio se crea día a día. No sólo es memoria, también es presente y, en cierto modo, proyecto de futuro. Desde esta perspectiva integral el patrimonio en su conjunto, tanto rural como urbano, proporciona una personalidad determinada a los territorios, fomenta la diversidad cultural y genera lazos de identidad, a la vez que retroalimenta incesantemente la cultura de la sociedad implicada. 4. Las políticas europeas Dentro de la amplia gama de políticas y programas europeos no hay ninguno específico sobre el patrimonio rural. Es más, se trata de un término que ha comenzado a utilizarse recientemente. Como es sabido, los focos de atracción de las políticas europeas respecto del campo, aparte de la política agraria, se han dirigido hacia la conservación medioambiental, mientras que los contenidos culturales han estado ligados casi de manera exclusiva a los núcleos de población en relación con el patrimonio monumental y arquitectónico. Sin embargo, de forma fraccionada, a partir de las políticas sectoriales, existen posibilidades de actuación sobre la conservación y mejora del patrimonio rural. Aquí se han seleccionado para su análisis aquellas políticas que mayor relación guardan con el tema y que inciden de forma más directa en su evolución. Así la política agrícola, cultural, turística, paisajística y medioambiental o la de empleo. Aunque el número abrumador de documentos de cada una de ellas obliga a un análisis en profundidad, existe uno que permite observar las prioridades estratégicas seleccionadas y el papel que en ellas le corresponde al patrimonio rural. En 1999 la Comisión aprobó una Comunicación sobre las directrices en las inversiones dependientes de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión (Commission of the European Communities, 1999). Como documento-resumen de las políticas europeas, puede comprobarse a través de él la importancia que se concede al tema del patrimonio rural. De acuerdo con el Tratado de Amsterdam los objetivos de los instrumentos financieros deben centrarse en el crecimiento económico, la cohesión social y la protección del medio ambiente, siguiendo tres prioridades estratégicas: competitividad regional, cohesión social y empleo y desarrollo de zonas rurales y urbanas. Dentro del Apartado II, dedicado a las empresas competitivas para la creación de empleo se refiere en tercer lugar a las zonas con potencial especial: medioambiente, turismo y cultura, economía social. El medioambiente considerado como una contribución a la competitividad y el turismo como ventaja para el desarrollo local. Un turismo sostenible de modo que la capacidad de recepción esté acorde con las repercusiones ambientales, sociales y económicas. En este contexto se considera que la integración de la problemática ambiental y la conservación del patrimonio natural y cultural en los planes de desarrollo constituye un punto esencial en la promoción de formas de turismo sostenible y de alta calidad. Asimismo se afirma que el patrimonio cultural de una región supone una ventaja comparativa para su crecimiento económico y para la creación de empleo, además de fomentar la identidad local o regional. La integración de la dimensión cultural, en la que se incluye la conservación del patrimonio, en las estrategias de desarrollo supone una actuación fundamental en regiones desfavorecidas. Sobre las acciones específicas en las regiones de los objetivos 1 y 2 se valora el desarrollo rural como fuente de modernización, diversificación y protección del medioambiente. Se resalta asimismo la plurifuncionalidad de estos espacios en los que además de su función económica debe contemplarse la promoción de los productos de calidad y del ocio y recreo, así como su responsabilidad como factor de conservación del medio ambiente y del patrimonio cultural. Por esa razón entre las prioridades se citan: fortalecimiento del sector agrícola y de la competitividad; mejora y diversificación de las zonas rurales; conservación ambiental y del patrimonio rural. Este último objetivo debería incluir la protección del paisaje, los recursos naturales, la conservación de zonas rurales tradicionales, fomento del turismo rural y rehabilitación de los pueblos. En otro importante documento de la Comisión en el que se señalan los objetivos estratégicos a seguir durante el próximo quinquenio, subtitulado ‘Shaping the New Europe’ (Commission of the European Communities, 2000), se apuntan una serie de objetivos entre los que de una manera no del todo explícita se desprende la voluntad de preservar y mejorar aspectos relacionados con el patrimonio rural. Así, cuando se exponen las pautas de la nueva agenda económica y social se enfatiza la voluntad de reforzar el modelo europeo de agricultura y promover zonas rurales de importancia vital. Lo cierto es que una vez más, y al igual que sucede con la Agenda 2000, se pone de manifiesto la contradicción existente entre los objetivos productivos y de competitividad y los que maximizan el protagonismo de la agricultura familiar y de las zonas desfavorecidas. Tampoco se aclara en este documento lo que debe entenderse por zonas rurales de importancia vital. En otro de los cuatro objetivos estratégicos se aboga por una mejora de la calidad de vida. En él, además del empleo, la situación económica y la justicia social, se insiste en el reconocimiento de la riqueza y diversidad del patrimonio cultural, lingüístico y étnico. Por último, en lo que aquí concierne, se defiende una estrategia de desarrollo sostenible en la que las cuestiones medioambientales queden integradas en el conjunto de políticas y sectores económicos. No obstante, la atención en este campo se dirige a los grandes temas, como la lucha contra el cambio climático o los compromisos de Kioto, sin que aparezcan menciones a otros problemas más cercanos y cotidianos. El conjunto de medidas derivadas de la política agraria, aunque sean sectoriales, facilitan una vía aprovechable para implementar planes y actuaciones dirigidas a la valoración del patrimonio rural. La propia Agenda 2000 incluye como uno de sus objetivos prioritarios la integración de los objetivos medioambientales en la PAC. En concreto, dentro del apartado dedicado a la política rural, se establece que la adaptación de la agricultura a los nuevos cambios en la evolución del mercado y los intercambios comerciales debe hacerse compatible con las cada vez más importantes funciones medioambientales y recreativas. De ahí que se conceda un papel hegemónico a los instrumentos agroambientales para fomentar el desarrollo sostenible y dar respuesta a la demanda creciente de servicios medioambientales. Entre las medidas agroambientales más destacadas se encuentran aquellas que precisan esfuerzos suplementarios por parte de los agricultores, como la agricultura ecológica, el mantenimiento de hábitats seminaturales, conservación del pastoreo alpino, etc. En definitiva, se propone mantener y fomentar sistemas agrarios extensivos poco consumidores de insumos, que en muchas áreas rurales coinciden con sistemas tradicionales todavía vigentes. Podría ser de gran interés, si la decisión política tiene una plasmación real en las actuaciones concretas, la integración del medio ambiente en las organizaciones comunes de mercado, puesto que las decisiones económicas con trascendencia territorial de los agricultores vienen determinadas en gran medida por las condiciones financieras emanadas de estas medidas. Hay que tener en cuenta además que las zonas más desfavorecidas, donde el patrimonio rural puede adquirir un protagonismo particular, son a su vez las que conservan un territorio de mayor valor natural. Otro ejemplo de posibilidades de actuación sobre el patrimonio rural a partir de la normativa europea vigente la encontramos en el Reglamento que regula la iniciativa Leader+ (European Council, 1999) o en el Reglamento de ayuda al desarrollo rural (European Council, 1999a). Con la experiencia adquirida en la evaluación de las anteriores iniciativas y teniendo en cuenta los nuevos retos económicos y sociales se hace hincapié, entre otros ejes directores, en la exigencia de calidad de los consumidores (Ilbery and Kneafsey, 2000) y en la conciencia creciente de los problemas ambientales. A estos dos focos de atención dedican los documentos mencionados una recomendación que bien puede aplicarse a la gestión patrimonial y utilizarse las sinergias de las actuaciones previstas. Así se dice que mantener productos competitivos pasa por la valorización de sus recursos específicos a través de una actuación territorial integrada adecuada al contexto local. En este sentido se insiste en las ventajas de experimentar nuevas formas de valoración del patrimonio natural y cultural con vista a la mejora del entorno económico a través de la creación de empleo y el perfeccionamiento de la capacidad de organización de las comunidades. Otro instrumento que cabe utilizar en el tratamiento sostenible y social del patrimonio rural son las medidas agroambientales que ya llevan casi una década en vigor, pero que en el futuro tendrán aún mayor protagonismo. Basta citar los objetivos que se mencionan en su Reglamento 2078/92 para tener una idea precisa de su utilidad (European Council, 1992): favorecer prácticas que controlen los efectos contaminantes; promover la extensificación; incorporar a la gestión de las explotaciones agrarias la mejora del medio ambiente, el espacio natural, el paisaje, los recursos naturales, los suelos y la diversidad genética; proteger la conservación de tierras agrícolas o forestales abandonadas; estimular la retirada de tierras con fines ligados al medio ambiente; ayudar a la gestión de tierras para el acceso público y el ocio; sensibilización y formación de agricultores en prácticas compatibles con la protección del medio y la conservación del espacio natural. Entre las medidas específicas implantadas existen varias que resultan idóneas para el cuidado del patrimonio: conservación o rehabilitación de sistemas extensivos; buena gestión de los pastos de altura, con recuperación de la gestión pastoril de los mismos; contratos de intercambio heno-estiércol; salvaguarda de paisajes (zonificación de tierras según pendiente y lejanía, acciones específicas sobre el pastoreo, las prácticas de siega, limpieza de matorrales, lucha contra el abandono de laderas, etc.); preservación de cultivos y prácticas tradicionales en laderas aterrazadas; restricciones a la carga ganadera; revitalización de razas locales etc.(Dax and Wieswnger, 1998; Euromontana, 1997). A pesar de sus potencialidades estas medidas han chocado con factores desfavorables que les han mermado efectividad. Entre otros, la escasez económica de las ayudas no puede competir con los subsidios que provienen de las políticas de mercado en las que predomina la lógica productivista y de la competitividad. Existe una superposición de medidas comunitarias contradictorias entre sí. La retirada de tierras de cultivo puede resultar nociva para el mantenimiento del ecosistema y el paisaje, sobre todo en áreas de montaña. La restricción del acceso a las ayudas a pequeños explotadores o agricultores a tiempo parcial es muy negativa en algunos lugares, ya que esta es la forma generalizada de explotación, y sin ayudas puede representar un paso previo al abandono total de la actividad (Galdos, 2000). Otro tanto sucede con las medidas de reforestación (Reg. 2080/92) (European Council, 1992a), que en muchas ocasiones resultan contradictorias con el mantenimiento del medioambiente y el paisaje. Prácticas ganaderas o agrícolas tradicionales que mantienen un equilibrio con la estructura ecológica y paisajística pueden desaparecer ante el fomento del abandono de cultivos por forestación. Aunque al hablar de áreas rurales la política agraria es la más obvia, no es la única a la que es factible recurrir para lograr objetivos deseables de conservación del patrimonio. Por ejemplo tiene gran importancia la política cultural. Desde el año 2000 al 2004 se ha establecido un único instrumento de financiación y programación para la cooperación cultural denominado Cultura 2000 (European Parliament, 2000).Se considera a la cultura como un valor intrínseco y elemento esencial de la integración, afirmación y validez del modelo europeo de sociedad y de su proyección en la escena mundial. Y además supone un factor económico y de integración ciudadana. Se busca un mejor equilibrio entre los aspectos económicos y culturales de la comunidad por medio del respeto de la diversidad cultural como clave de la identidad y la pertenencia a una sociedad libre, tolerante y solidaria. Por todo ello se estimula la creación y valorización del patrimonio cultural. Los objetivos específicos del programa son: la promoción del diálogo cultural y el conocimiento mutuo de la cultura y la historia propias; creación y difusión transnacional de la cultura; realce de la diversidad cultural y el desarrollo de nuevas formas de expresión cultural; participación en el patrimonio cultural europeo y difusión de prácticas y técnicas adecuadas para su conservación y mejora; importancia de la cultura en el desarrollo socioeconómico; fomento del diálogo intercultural e intercambio entre culturas europeas y no europeas; mejora del acceso a la cultura. Entre las acciones específicas, innovadoras o experimentales se propone apoyar proyectos de cooperación dirigidos a conservar, hacer accesible, destacar y proteger el patrimonio cultural común de importancia europea. Y entre las acciones integradas en acuerdos transnacionales figuran el realce de los lugares o monumentos de interés cultural, los proyectos para potenciar y dar a conocer la diversidad cultural, el multilingüismo y el fomento de la conciencia mutua sobre la historia, las raíces y los valores culturales comunes. También se apoyan los proyectos de conservación y de salvaguarda del patrimonio cultural que merezcan la calificación de laboratorio europeo del patrimonio. En concreto, para el patrimonio cultural, así como para todos los enclaves y parajes de importancia cultural se propone: promoción de proyectos de cooperación dirigidos a la conservación y salvaguarda; cooperación internacional; búsqueda de métodos adecuados de conservación; mejora del acceso al patrimonio; fomento de la movilidad y la formación en materia de patrimonio cultural; inserción del patrimonio en otras políticas y programas comunitarios. Como se puede comprobar, este programa no está diseñado pensando en áreas rurales, en defensa y conservación, por ejemplo, de prácticas agrarias, paisajes, etc., pero sí puede utilizarse si se asume una concepción global e integral de la idea de patrimonio cultural. Uno de los componentes complejos del espacio rural lo constituye el paisaje. Su valor de representación de estructuras socioeconómicas, aparte de sus facetas más puramente perceptivas y estéticas, queda fuera de toda duda. Sobre el potencial ecológico el proceso acumulador histórico conforma una estructura espacial de amplio significado. Pero no sólo el paisaje fija el legado del pasado sino que representa un indicador clave de los cambios actuales. Por sí mismo representa un valor cultural de integración, de organización del espacio y un patrimonio. Su transcendencia en comarcas rurales es muy elevada, hasta el punto que configura la personalidad de muchas de ellas. Al mismo tiempo supone uno de los activos o recursos más valiosos frente a un aprovechamiento económico indirecto del mismo. Por ello el apartado del paisaje, dentro de la consideración global del patrimonio rural, debe ostentar un lugar hegemónico en su concepción teórica y en la gestión territorial. Aunque en la Unión Europea está cobrando este tema cada vez más relevancia, el documento de mayor interés en este aspecto es el que ha elaborado el Consejo de Europa, la Convención Europea del Paisaje (http://www.nature.coe.int). En estos momentos se encuentra en fase de firma y aceptación por parte de los estados miembros del Consejo, pero su redacción puede señalar un hito cualitativo en la gestión del territorio, si la U.E. adopta sus principios y objetivos, a través de una reforma de su política agraria o de otro modo que sea efectivo. Se afirma que el paisaje es un componente esencial de la vida de las poblaciones, como expresión de su patrimonio cultural, ecológico, social y económico. Constituye una de las bases de su identidad. Propone una serie de actuaciones protectoras cuya aplicación podría ser positiva si existiese voluntad política para llevarlas a cabo. Una aportación de este documento debe ser tenida en cuenta: las acciones protectoras y de valoración no deben sólo ser aplicadas a los paisajes sobresalientes, sino también a los comunes, a aquellos que no reflejan una particular excelencia, pero no por ello dejan de formar parte del patrimonio rural de las comunidades que los han forjado. 5. Conclusiones El repaso a alguna de las políticas europeas de carácter sectorial permite concluir que no existe una política firme y decidida, sistematizada, sobre el patrimonio rural. Sin embargo, se observa una voluntad política de introducir el patrimonio, y también el patrimonio rural, como uno de los ingredientes esenciales de las diferentes políticas. Esta voluntad choca con la grave carencia de una formulación estricta y consensuada entre los científicos, políticos y agentes sociales de lo que es el patrimonio rural: cuáles son sus elementos, su organización jerárquica, su dinámica y su valoración. En definitiva, faltan por definir sus rasgos identificatorios y su función social. Por esta razón es preciso dedicar un esfuerzo particular al fomento del desarrollo teórico y conceptual de este término, así como a su divulgación y aceptación social con vistas a su aplicación en la gestión territorial y socioeconómica. Teniendo en cuenta que su desarrollo conceptual y aplicado adopta diferentes niveles de maduración en los países europeos, sería deseable la adopción de unos criterios comunes mínimos aplicables a toda la Unión Europea. A pesar de estas deficiencias es posible emprender planes y actuaciones de conservación y mejora del patrimonio rural a partir de las políticas sectoriales existentes, tal como se ha comprobado a lo largo de este artículo. El problema de este modo separativo de proceder radica en el peligro de caer en una sectorialización de las actuaciones que pierda de vista uno de los elementos básicos de su correcta gestión: su carácter global e integrado. En este sentido son deseables unas directrices globales y unas políticas de gestión integrada que superen las actuaciones específicas, las cuales suelen aparecer centradas casi en exclusiva en monumentos o lugares emblemáticos. Para conseguir estos propósitos se hace necesario recurrir a unas estrategias de actuación previas, y a la vez paralelas, a la deseable modificación mejorada de la normativa vigente en Europa. Cualquier iniciativa estará condenada al fracaso si no cuenta con la aceptación y la participación de la sociedad implicada. Es la sociedad de los lugares concretos la que tiene que valorar su propio patrimonio, que considere que forma parte de sus señas de identidad y que conforma sus señas paisajísticas. Los objetivos educativos y formativos se revelan indispensables en este empeño. Al mismo tiempo la sociedad rural tiene que adquirir la conciencia de que uno de sus recursos fundamentales lo constituye su propio patrimonio, entendiéndolo de manera dinámica y no sólo como salvaguarda de un pasado muchas veces maquillado o imaginario. La valoración del patrimonio rural tiene que caminar de forma paralela a la oferta de bienes culturales, de manera que garantice la cobertura de esas demandas. Como la idea global e integradora de patrimonio rural cubre todo el territorio, las políticas relacionadas con su promoción deberían hacerse efectivas dentro de los planes de ordenación territorial, planes urbanísticos y de desarrollo económico y social de estos ámbitos. Bibliografía Berard, L., Marchenay, Ph. 1995. Lieux, temps et preuves: la construction sociale des produits de terroir. Terrain 24, 153-164. Cloke, P., Little, J. (Eds.), 1997. Contested countryside cultures: otherness, marginalisation and rurality. Routledge, London. Commission of the European Communities, 1999. The Structural Funds and their coordination with the Cohesion Fund. Guidelines for programmes in the period 2000-2006, OJEC C267, 22.09.1999. Commission of the European Communities, 2000.. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Commitee and the Committee of the Regions. Strategic Objetives 2000-2005. ‘Shaping the New Europe’. Brussels, 9.2.200. 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