SEGUNDA PARTE GEOGRAFÍA POLÍTICA

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I LA PROVINCIA Y SU ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN JUDICIAL

En el orden judicial, la Provincia pertenece: en lo civil, a la Audiencia territorial de Pamplona, y en lo criminal, a la Audiencia provincial de San Sebastián (144), cuya acción alcanza a toda Guipúzcoa. Para la administración de la justicia civil y criminal está dividida Guipúzcoa en cuatro partidos judiciales, que son: el de Azpeitia, San Sebastián, Tolosa y Vergara. El primero y cuarto son de categoría de entrada, el tercero de ascenso y el segundo de término.

Completan la organización los juzgados municipales, de los cuales hay uno en cada ayuntamiento. En cada juzgado municipal hay un registro civil y en cada partido judicial un registro de la propiedad.

La autoridad judicial en los pueblos de Guipúzcoa residía en los alcaldes ordinarios desde la fundación de las villas, como se puede comprobar con la lectura de las cartas-pueblas de las mismas y de las ordenanzas municipales porque se regían. La jurisdicción contenciosa de estos alcaldes era civil y criminal en la primera instancia, pero no era privativa o exclusiva de todo otro juez, sino acumulativa o a prevención con el Corregidor de la Provincia, de modo que la parte podía entablar la demanda ante el alcalde correspondiente o en el juzgado del Corregidor, a causa de que la autoridad judicial de éste tenía dos caracteres diferentes. Era juez de primera instancia en los negocios y causas que prevenían, y además de alzada, respecto de las providencias que en materia civil dictasen los alcaldes ordinarios, a voluntad de las partes apelantes. Si los litigantes entablaban la demanda en el juzgado del Corregidor, esta autoridad era en este caso el juez de la primera instancia con las apelaciones a la Real Chancillería de Valladolid; pero si las partes ponían el pleito ante los alcaldes ordinarios, las alzadas podían llevarse, bien fuese ante el Corregidor, bien a dicho tribunal superior, según quisiese el apelante. Con este sistema, cuando el Corregidor entendía como juez de alzada, resultaba una tercera instancia la de la expresada Chancillería.

La regla que hemos establecido para las demás villas de la Provincia tenía una excepción, que se refiere al Valle Real de Léniz, compuesto del lugar de Arechavaleta y villa de Escoriaza, a cuyo alcalde correspondía privativamente en primera instancia el conocimiento de los negocios civiles y causas /363/ criminales de sus vecinos y moradores, en virtud de R. P. de 21 de Diciembre de 1558.

Esta organización judicial continuó en Guipúzcoa hasta principios del siglo XIX, en que las Cortes de Cádiz interrumpieron su funcionamiento después de muchos siglos de existencia, con la creación de los juzgados de partido o de primera instancia. Conforme a lo determinado en uno de los artículos de la constitución política de la monarquía de 1812, se estableció este nuevo organismo, que no pudo ponerse en práctica en la Provincia, basta el año siguiente en que fueron expulsados los franceses del territorio guipuzcoano. El capitán general de los ejércitos nacionales y general en jefe del cuarto ejército de operaciones don Francisco Javier de Castaños, en uso de las facultades de que estaba revestido por el Gobierno supremo, nombró, en 4 de Agosto de 1813, por juez interino de primera instancia de toda la Provincia, con residencia en la villa de Tolosa, a don José Joaquín de Garmendia, hasta la competente resolución de la superioridad. Hallábase a la sazón reunida la Junta de la Provincia en Deva, y se apresuró Garmendia a dar cuenta de su nombramiento en la Junta del día 7, añadiendo que había sido el primer sorprendido con esta novedad. La Junta pasó el asunto a la deliberación de la Diputación, la cual acordó, en sesión del día 23, que se le diera uso al expresado nombramiento, a condición de que residiera el interesado en donde residía la Diputación, y que podía desde luego dar principio a sus funciones, sustituyéndole el alcalde de Tolosa en el caso de enfermedad de Garmendia. Dispuso también la Diputación, que se comunicase el nombramiento a todos los pueblos, con encargo de que respetasen a Garmendia como a juez.

Por indisposición de éste, fue nombrado, en Septiembre del mismo año, con Pablo Antonio Arizpe y después don José Manuel de Aizpuru, ambos con residencia en Tolosa, pero restablecido por el mes de Agosto de 1814 el antiguo sistema de gobierno, volvieron los ayuntamientos a regirse por la legislación anterior y el nuevo juzgado de primera instancia quedó suprimido.

Así pasó este primer ensayo de los jueces de primera instancia sin protesta alguna de parte del país.

Promulgada de nuevo la constitución en Marzo de 1820, volvieron a regir los decretos de las Cortes de Cádiz, y vino por segunda vez el establecimiento de los juzgados de partido en Guipúzcoa. La Diputación consultó a los pueblos el número de partidos que convenía establecer en la Provincia, habida cuenta de que los gastos de los juzgados habían de satisfacerse por los vecindarios, y la mayor parte de aquéllos emitieron su parecer de que fueran dos, por razón de economía, señalando por cabezas de distrito a Tolosa y Vergara. La Diputación Provincial adoptó por informe el voto emitido por la gran mayoría de los pueblos y propuso a la Audiencia territorial el establecimiento de los dos expresados juzgados, pero al mismo tiempo acompañaba otro proyecto de división de la Provincia en tres distritos, siendo sus /364/ capitales San Sebastián, Tolosa y Vergara. A propuesta de dicho tribunal superior, el Gobierno adoptó este último plan, y en su consecuencia quedaron establecidos en debida forma estos tres juzgados con los respectivos jueces, promotores fiscales, escribanos, procuradores, alcaides y alguaciles.

Resultaba de esta división que al juzgado de San Sebastián correspondían 35.187 almas en los 19 pueblos que se le señalaron. Al de Tolosa 39.513 en 51 pueblos y a Vergara 37.583 en 22 pueblos.

He aquí ahora los gastos anuales que esta nueva institución originaba y la proporción en que habían de contribuir los pueblos a su sostenimiento, pagando sus cuotas por cuatrimestres, bajo la base del término medio entre la población y rentas rústicas y urbanas:

Dotaciones del juzgado de primera instancia de cada partido

Tres años escasos duró esta organización judicial en el país, en esta segunda etapa, pues a consecuencia de la invasión francesa del mes de Abril de 1823, se restableció nuevamente el antiguo sistema de gobierno y volvieron las cosas al estado anterior.

Habiéndose proclamado otra vez en 1836 la constitución política de la nación, se ordenó de nuevo el establecimiento de los juzgados de primera instancia por tercera vez.

La guerra civil, que ardía por entonces en el país, hacía imposible el cumplimiento de las órdenes emanadas del Gobierno, y por R. O. de 12 de Noviembre de 1837 se autorizó al Corregidor, con carácter transitorio, para que ejerciera, en calidad de juez de primera instancia del partido de San Sebastián, las funciones que como a tal le competían en todos los pueblos de Guipúzcoa que fueren quedando libres de la dominación carlista. Terminada la guerra con el convenio de Vergara en 1839, continuó el Corregidor ejerciendo de juez único de primera instancia en Guipúzcoa hasta el 23 de Febrero de 1841 en que, por orden de la Regencia provisional del Reino, se nombró otro para el partido de Vergara, según estuvo constituido en la anterior época constitucional, quedando instalado en 30 de Marzo.

A petición del Ayuntamiento de San Sebastián y por orden de la misma Regencia de 13 de Marzo del año indicado, se demarcó la jurisdicción que correspondía al partido de esta ciudad, mandando que fuese el mismo que le estuvo asignado de 1820 a 1823.

El 14 de Marzo fue, así bien, nombrado otro juez para el antiguo juzgado de Tolosa, quien tomó posesión de su cargo dos días después.

Establecidos los juzgados de primera instancia en la forma indicada, recayeron los nombramientos de jueces en don José Saturnino de Sosoaga para el partido de San Sebastián, en don José Manuel de Aguirre Miramón para el de Tolosa y en don José María Pérez de Notario para el de Vergara. Cuando estos señores tomaron posesión de sus cargos, cesó en sus funciones el Corregidor letrado interino de la Provincia don Pablo de Gorosabel, que a la sazón ejercía aquel puesto, teniendo por esta razón mayor autoridad la obra (145) de dicho autor en que trata de estas materias, la cual hemos tenido presente al componer estas líneas.

Constituidos los tres juzgados, los negocios contenciosos del corregimiento se distribuyeron en los respectivos tribunales de primera instancia a que correspondían.

De este modo quedó completada por entonces la organización judicial de Guipúzcoa, no sin enérgicas protestas del país, que pedía que se suspendieran los efectos del restablecimiento de los juzgados, hasta que se llevase a cabo la modificación definitiva de los fueros de que trataba la ley de 25 de Octubre de 1839. En ese sentido elevó una exposición a la regencia, la Diputación Foral de Guipúzcoa, alentada por la fuerte oposición que el Ayuntamiento de Tolosa y otros más hacían a esta institución, que estimaban como un contrafuero. Para aquietar los ánimos y en evitación de los conflictos que se originaban continuamente y con la intervención de los diputados a Cortes de esta Provincia don Valentín 0lano y don Ascensio Altuna, se dictó la R. O. de 12 de Junio de 1841, dándole carácter transitorio a la creación de los juzgados, duradera solamente hasta el arreglo definitivo de los fueros de que se hablaba en la ley citada de 1839, al mismo tiempo que se creaba el cuarto juzgado del partido de Azpeitia.

Por esta R. O. se consignaba que en las causas criminales conocerían los jueces de primera instancia, conforme a la constitución vigente, y que en los pleitos y causas civiles entenderían los jueces de primera instancia en sus respectivos distritos, a prevención con los alcaldes ordinarios de los pueblos.

Las Juntas de la Provincia, reunidas en Segura, se ocuparon del asunto en sesión de 11 de Julio del citado año de 1841, acordando admitir la citada R. 0. porque tenía carácter provisional y por obviar las dificultades a que daba lugar la oposición del país.

/367/Pero este arreglo provisional de los juzgados, adquirió, en virtud de disposiciones posteriores, el carácter de permanente con todas las atribuciones de las leyes generales del Reino, valiéndose para ello el Gobierno del Regente, de las circunstancias en que quedó el país después del malogrado pronunciamiento de Octubre de 1841. Se ve, en efecto, que por el decreto que  dio en Vitoria el 29 del indicado mes y año, se determinaba que la organización judicial de las tres provincias vascongadas se nivelaría al resto de la monarquía, determinación que las disposiciones posteriores no han alterado.

Conforme con la citada disposición, el Juzgado de San Sebastián sería de término y los otros tres de entrada, pero por R. O. de 1º de Mayo de1855, el de Tolosa se elevó a la categoría de ascenso.

De esta manera a los alcaldes se les fue cercenando toda intervención en materia judicial, aunque fueron desempeñando el cargo de jueces de paz, bajo las órdenes de los jueces de primera instancia, hasta que la ley orgánica (146 ) de 1870 creó los jueces municipales, suprimiendo aquella denominación bondadosa y simpática.

En virtud de esta ley, los primeros nombramientos de jueces municipales para esta Provincia se hicieron por la Audiencia de Burgos, con fecha 30 de Noviembre de 1870, para comenzar en el ejercicio de su cargo el 1º de Enero de 1871.

En el artículo 41 de la citada ley, se hace la demarcación de los juzgados que corresponden a las diferentes audiencias de España, apareciendo los de Guipúzcoa como pertenecientes a la de Pamplona. Para segregarla de la de Burgos, a que hasta entonces pertenecía, y anexionarla a la de Pamplona, se dio decreto del Regente del Reino de 1º de Diciembre de 1870 (147), disponiendo que tuviera efectividad el cambio desde 1º de Enero siguiente.

Hoy, en virtud de la «Ley de Justicia Municipal» de 5 de Agosto de 1909, son preferidos para el nombramiento de jueces municipales los abogados, y, a falta de éstos, los que posean algún título académico. Esta disposición restringe mucho el número de los que pueden desempeñar el cargo en poblaciones de escaso vecindario, y aquéllas que no cuentan con más de una persona que posea título académico, extraña al pueblo en muchos casos, se ven obligadas a vivir continuamente bajo su férula, aunque no le sobren condiciones para el ejercicio de este honroso y delicado cargo.

Por eso en muchos casos recuerdan los pueblos a aquellos vecinos declara inteligencia, intachables en su conducta, con mucho ascendiente entre sus convecinos, que dirimían con gran acierto las cuestiones suscitadas entre ellos, sofocándolas en su origen para que no hubiera disgustos en las familias ni mermaran sus fortunas en manos de los curiales. Verdaderos hombres buenos, jueces de paz, que defendían honradamente a su pueblo natal y servían de lazo de unión entre sus habitantes, quedan hoy postergados del ejercicio de este cargo.

He aquí la relación de los pueblos que corresponden a cada uno de los cuatro partidos judiciales de Guipúzcoa:

Partido judicial de Azpeitia. Aizarnazabal, Astigarreta, Aya, Azcoitia, Azpeitia, Beizama, Cegama, Cerain, Cestona, Deva, Ezquioga, Gaviria, Goyaz, Guetaria, Ichaso, Mutiloa, Ormaiztegui, Regil, Segura, Vidania, Zarauz y Zumaya.

Juzgado y cárcel del distrito de Azpeitia

Partido judicial de San Sebastián. Aduna, Alza, Astigarraga, Fuenterrabía, Hernani, lrún, Lezo, Orio, Oyarzun, Pasajes, Rentería, San Sebastián, Urnieta y Usurbil.

Partido judicial de Tolosa. -Abalcisqueta, Albiztur, Alegría de San Juan, Alquiza, Alzaga, Alzo, Amezqueta, Andoain, Anoeta, Arama, Asteasu, Ataun, Baliarrain, Beasain, Belaunza, Berastegui, Berrobi. Cizurquil, Elduayen, Gainza, Gaztelu, Hernialde, lbarra, lcazteguieta, ldiazabal, lrura, lsasondo, Larraul, Lazcano, Leaburu, Legorreta, Lizarza, Olaberría, Oreja, Orendain, Tolosa, Villabona, Villafranca y Zaldivia.

Partido judicial de Vergara Anzuola, Arech-avaleta, Eibar, Elgoibar , Elgueta, Escoriaza, Legazpia, Mondragón, Motrico, Oñate, Placencia, Salinas, Vergara, Villa-Real y Zumarraga.

Resumen de Ayuntamientos, habitantes y edificios que comprende cada partido judicial.

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Montes: Biandiz, Adarra, Ordaburu, Aya, Jaizkibel, Ulía, Santa Bárbara, Santiago y otros.

Rios: Urumea, Bidasoa, Oyarzun, Leizarán y el Oria, que después de recorrer parte del territorio de los cuatro partidos desemboca en el mar, en Orio.

Valles: El de lrún y Fuenterrabía, Usurbil, Hernani y Loyola.

Partido judicial de Tolosa. De ascenso. Confina al N. con el de San Sebastián, al E. y SE. con la provincia de Navarra y al O. con el de Azpeitia.

Montes: Aralar y Otsabio, situados en el limite S., el de Hernio en el del O., el de Aldaba, Uzturre y otros.

Rios: El Oria, que atraviesa este partido en toda su longitud de N. a S., desde Beasain hasta Andoain, recogiendo en su carrera todas las aguas de su jurisdicción. El Araxes, que nace en Navarra y entra en este partido por Lizarza para desembocar en Tolosa, en el rio Oria. Valles: El de Tolosa y el de Lazcano.

Juzgado y cárcel del distrito de Vergara

Partido judicial de Vergara. De entrada, Situado al 0. de la Provincia, forma su limite por esta parte. Confina al N. con el mar, al S. con Alava, al E. con el partido judicial de Azpeitia y al 0. con Vizcaya.

Montes: Aitzgorri, Aloña, Arno, Udala, Zaraya, Satui, Elgueta, Urko, Azcárate, Elosua, lrimo, Udalaitz y otros.

Rios: El Deva, el Aranzazu, que va al Deva.

Valles: El Valle Real de Léniz y el de Vergara.

/372/ La entonces villa de Irún quiso el año 1888 crear otro partido judicial, siendo ella cabeza de distrito, pero hubo oposición de parte del Colegio de Abogados de San Sebastián y no prosperó el proyecto.

Criminalidad. -Hemos tenido a gala en Guipúzcoa durante mucho tiempo el ver a ésta como la provincia de España de menor criminalidad absoluta y relativa.

Si hoy no podemos decir precisamente lo mismo, nos queda, sin embargo, la satisfacción de que continúa siendo una de las que figuran en menor escala en este ramo de la justicia, y si alguna vez sobrepuja a las que tienen más población que ella, más veces se queda por debajo de otras que cuentan con menor número de habitantes, como puede verse en los datos que publicamos a continuación, sacados de los estados oficiales que publica la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Conviene tener presente, para el estudio comparativo a que se presta el asunto, que las únicas provincias de España que tienen menor número de habitantes que Guipúzcoa, son las de Alava, Avila, Logroño, Palencia, Segovia y Soria. Todas las demás tienen mayor población que Guipúzcoa, y en los casos en que las citemos, por tener menor criminalidad que ésta, lo haremos con letra bastardilla.

Causas incoadas por los juzgados de instrucción correspondientes a la Audiencia provincial de San Sebastián, clasificadas por la naturaleza de los hechos... etc.

NOTAS

(144) Creada en virtud del artículo primero de la Ley Adicional del Poder Judicial de 14 Octubre 1882.

(145) Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa.

(146) Ley provisional sobre organización del poder judicial de 15 de Septiembre de 1870.

(147) Gaceta del 7 de Diciembre.

(148) Falta Gudugarreta, que se unió a Beasain.

(149) Falta Soravilla, que se unió á Andoain.

(150) Menos Palma, Huesca, Segovia y Alava.

(151) Menos Palencia, Segovia, Soria y Alava.

(152) Menos Segovia, Soria y AIava.

(153) Menos Palma, Segovia, Socia y Alava.

[Nota del editor. Algunas notas referentes a las reproducciones de tablas se han incorporado a las mismas]