PROPIEDAD RÚSTICA EN VIZCAYA

SEGÚN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EXPROPIABLE (1933)

Recibido: 1996-05-13

Luisa UTANDA MORENO

Francisco FEO PARRONDO

Universidad Autónoma de Madrid

Carretera de Colmenar Viejo Km. 15

28049 Madrid

RESUMEN

Propiedad rústica en Vizcaya según el Registro de la Propiedad Expropiable (1933). El presente artículo aborda el estudio de la distribución de la tierra en los años treinta del siglo XX en Vizcaya a partir del Registro de la Propiedad Expropiable centrándose en el análisis de la estructura de la propiedad. parcelación, residencia de los propietarios y formas de adquisición

Palabras clave: Propiedad rústica. Vizcaya. 1933.

ABSTRACT

Country property in Vizcaya according to the Expropiable Land Registry (1933). The ar1icle studies land distribution in Vizcaya in the thir1ies as 20th-century shown in the Expropjable Land Registry, cetering os an analysis of proper1y structure, parcelljng, proper1y-owners residence and forms of adquisition.

Key Words: Country proper1y, Vizcaya, 1933.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se analiza la estructura de la propiedad rústica en Vizcaya en 1933 a partir de la información facilitada por el Registro de la Propiedad Expropiable (desde ahora RPE) que se conserva en la biblioteca del lRYDA en Madrid con el nombre de "Inventario de fincas expropiables". En el caso de Vizcaya se incluye la documentación manejada en los tomos 215-217, rollos 180-183 de microfilm.

Al incluir la relación de propiedades potencialmente expropiables según las bases de la reforma agraria de la Segunda República, el RPE incluye fundamentalmente latifundios de la mitad sur peninsular pero es una fuente muy útil también para conocer la estructura de la propiedad en el resto de las provincias aunque no aparezcan sino aisladamente algunos grandes propietarios como ocurre en la España Atlántica, ámbito de análisis en el que se incluyen los trabajos realizados anteriormente sobre Galicia,. Asturias, Cantabria y Guipúzcoa (FEO PARRONDO y UTANDA MORENO-FEO PARRONDO), el presente sobre Vizcaya y otros en vías de realización sobre Alava y Navarra. Todas estas regiones, más Aragón, Cataluña, Baleares y Canarias no estaba previsto en una primera fase que fuesen objeto de aplicación de la reforma agraria republicana que posteriormente afectaría a todo el ámbito español (BRAVO MORATA, 1978, p. 61-62),

Más de 16.903 hectáreas de tierra se inscribieron en el RPE en Vizcaya, cifra ligeramente inferior a las 17.611 inscritas en Guipúzcoa pero superior a las más de catorce mil de Asturias, casi trece mil de Galicia y, sobre todo, a las 1.369 de Cantabria.

Las casi diecisiete mil hectáreas expropiables en Vizcaya aparecen repartidas entre cinco Registros de la Propiedad (Bilbao, Guernica, Marquina, Valmaseda y Durango) y entre 111 términos municipales1 con enormes diferencias intermunicipales que oscilan entre las 628,6 ha de Yurre y las 0,02 de Villaro, único municipio que no llegaba a la hectárea de superficie inscrita en el RPE (CUADRO I).

Como en la casi totalidad de las provincias españolas, las fincas vizcaínas se inscriben básicamente por cuatro causas: 10, 12, 13 y Grandeza. La causa 10 es la principal en Vizcaya como en el resto de la España Atlántica: tres cuartas partes de las fincas gallegas, asturianas y cántabras, un 60% en Guipúzcoa y un 76,4% en Vizcaya, afectando a un número muy elevado de pequeños propietarios a los que se puso automáticamente en contra de la reforma agraria republicana como han señalado Requena y Carrión. Esta causa 10 fue eliminada de los objetivos de la reforma agraria por una ley de 1 de agosto de 1935. (CUADRO II)

Si exclusivamente la causa 10 acapara casi trece mil hectáreas, unida a la 12 suman otras 474 ha. La causa 12 es la segunda en importancia con casi dos mil hectáreas que llevaban más de una docena de años en arrendamiento. Buena parte de estas últimas se inscriben como dudosas, probablemente porque se trataba de arrendamientos verbales sin documentos escritos que los ratificasen, y frecuentemente los dueños las inscriben señalando que explotan directamente todas las fincas o parte de ellas, siendo muy habitual que los propietarios vizcaínos alegasen que explotaban personalmente los montes con una finalidad industrial (maderera).

La superficie inscrita por la causa 13 (grandes propiedades) es reducida en Vizcaya (474 ha) al igual que la inscrita por los Grandes de España (744 ha). Como en casi todas las provincias estos últimos tratan de ocultar su condición para evitar la expropiación sin indemnización e incluyen frecuentemente sus propiedades en las causas 12 y 13 y, como mucho, señalan en el apartado de observaciones su pertenencia a la grandeza. Algunas fincas de Grandes de España aparecen anotadas como anexos por los registradores de la propiedad de Bilbao y Guernica2 quienes señalan que no fueron declaradas por sus dueños. Entre estos se encuentran las propiedades de María del Carmen Carvajal y del Alcazar, duquesa de Abrantes y Linares, en Munguía; las de Joaquin Fernández de Córdoba y Osma, duque de Arión, en Munguía y Zollo; las de Ignacio Gortázar Manso de Velasco, conde de Superunda, en Bedia; las de José Guillermo Hurtado de Amézaga y Zabala, marqués de Riscal de Alegre, en Ceanuri y Villaro, etc. Esta inclusión tiene su origen en una orden de 28 de marzo de 1933 (Gaceta de 6 de abril) en la que se hacía una relación de los 254 Grandes de España que habían ejercitado sus prerrogativas honoríficas. Una vez publicada esta Orden, los registradores tenían que hacer un anexo con las fincas inscritas en su registro a nombre de estos nobles y que ellos no hubiesen declarado voluntariamente con anterioridad.

Por las causas 4 (propiedades rústicas de corporaciones, fundaciones y establecimientos públicos) y 12 aparecen inscritas las 113,53 ha de la Caja de Ahorros Vizcaína en Lauquiniz. Otras 8,89 ha del Ayuntamiento de Orduña aparecen inscritas en la causa 3 (tierras del Estado) y 54,9 por la 5 {compradas para especular), en su casi totalidad pertenecientes a José Urrutia Galdames en Güenes quien residía en esta localidad y confiesa que las había comprado para especular, sinceridad que apenas aparece reflejada en el RPE y que, hasta ahora, sólo habíamos visto reflejada en la declaración de María Socorro Bermúdez Varela en El Ferrol, en la que además debía tratarse de un error puesto que no había comprado las fincas que declaraba sino que las había heredado (FEO PARRONDO, 1995, p. 123).

Otras 35,87 ha de María Josefa Silva Fernández de Henestrosa aparecen inscritas en concepto de "señorío" (último párrafo de la base 2ª), punto que, en principio, no parece que obligase legalmente a su inscripción en el RPE y que no hemos visto mencionado en otros estudios que manejan esta fuente.

Como ya apuntábamos para Guipúzcoa (UTANDA MORENO-FEO PARRONDO, 1995, p. 117) la inclusión de caseríos completos dificulta enormemente el análisis de la parcelación y de los usos del suelo de las fincas inscritas en el RPE, la primera porque frecuentemente no se menciona y la segunda porque en parcelas relativamente reducidas aparecen asociados varios cultivos, pastos e incluso monte sin identificar el espacio destinado a cada uno, constatando, en todo caso, el tradicional policultivo propio de las economías de autosubsistencia.

En 1932, un año antes de la elaboración del RPE, Arantzadi había apuntado claramente los problemas del caserío: a) límite exiguo de beneficios; b) las tierras no ofrecen trabajo para tantos brazos como hay en las fecundas familias aldeanas; c) no se intensifican las pequeñas industrias derivadas de la agricultura y la ganadería; d) la labor es ruda, penosa y poco lucrativa; e) no se vive con la holgura y suficiencia que impone la vida contemporánea; y f) la villa arrastra con los atractivos de su bullicio, el encanto de su libertad y hasta con la seducción de su vicio (ARANTZADI, 1932, p. 268). Para este autor, uno de los objetivos básicos era tratar de frenar ese éxodo rural: "Gran obra esa de mantener y arraigar en el campo la familia vasca. Gran obra esa de corregir la gravísima desviación del pueblo que baja de las montañas a los valles, y de las aldeas a las villas y ciudades. Es mal general, agravado por el ansia enfermiza de comodidades y placeres despertado por el materialismo reinante en las almas. Mal que en los últimos tiempos se acrecienta gigantescamente con la absorción del industrialismo, que concentra en unas pocas ciudades la riqueza y la población del Estado. Mal que hiere a la sociedad vasca en su médula, en su corazón, pues nuestra nacionalidad debe lo mejor que tiene a su constitución agraria" (ARANTZADI, 1932, p. 266). La solución pasaba, según Arantzadi, por convertir al arrendatario de los caseríos en propietarios. En esta tarea, colaboraba activamente la Caja de Ahorros Vizcaínas que ofrecía hipotecas al 5% de interés anual (la Diputación bonificaba un 3 ó un 4%) con una cobertura que llegaba al 90% del precio del caserío que, con tierras y montes, no debía sobrepasar el valor de 30.000 pesetas. El arrendatario, para beneficiarse de estas hipotecas, debía ser vizcaíno, llevar en arrendamiento un caserío en Vizcaya más de veinte años, no ser propietario de otro caserío ni de fincas rústicas o urbanas salvo algunas tierras sueltas cuyo valor no debía superar las cinco mil pesetas, y debía destinar el caserío a vivienda y explotación familiar sin posibilidad de fragmentarlo hasta que acabase de pagar la hipoteca (ARANTZADI, 1932, p. 269-270). Tal vez, las 113,5 ha que aparecen registradas a su nombre en Lauquiniz no hubiesen concluido el proceso de transferencia de los antiguos dueños a los arrendatarios por no haber acabado estos de pagar sus hipotecas.

IV. LAS PROPIEDADES: TAMAÑO, TITULARES, FORMA DE ADQUISICION y LUGAR DE RESIDENCIA

El Cuadro III muestra el desigual reparto de las propiedades rústicas vizcaínas inscritas en el RPE. El primer aspecto a resaltar es que, mientras las propiedades medias en toda la España Atlántica rondaban las cinco hectáreas, las inscritas en el RPE en la provincia de Vizcaya tenían una media de 42,25 ha (podía ser un poco inferior al compartir varias personas una misma superficie) y el grupo más numeroso de propietarios afectados era el de 10-25 ha con 119 seguido del de 25-100 ha con 72. Era muy reducido el número de dueños de menos de una hectárea, sólo siete, y lÓgicamente también el de grandes propietarios aunque habría que destacar las más de 2.614,93 ha de María Adán de Yarza Mazarredo, dueña de más del 15,46% de la superficie vizcaína expropiable que tenía repartida entre 33 municipios (según la delimitación del RPE), en nueve de los cuales superaba el centenar de hectáreas con un máximo de 433,6 en Cemarruza. Era dueña también de otras 169 ha en Guipúzcoa, donde aparecen inscritos también varios familiares (UTANDA MaRENa-FEa PARRaNDa) y donde sus antepasados aparecen entre los mayores contribuyentes rústicos provinciales en décadas anteriores (CASTEllS, 1987, p. 414). Su padre había sido abogado, concejal de Bilbao y diputado y, desde 1877 hasta su fallecimiento en 1920, se dedicó exclusivamente a sus aficiones agronómicas: importa remolacha azucarera, repuebla con pinos y cipreses en los terrenos más pobres, que en 1933, María alega que explota "directamente" con la esperanza de salvarlos de la expropiación. En el RPE vizcaíno también aparecen varios parientes suyos por vía materna. Es el caso de Fernando Mazarredo Trenor, marqués de Lara desde 1925 (título rehabilitado por su padre Eugenio de Mazarredo Tamarit) y dueño de 15 ha en Guernica-luno y Ajanguiz. Un hermano de este, Rafael, poseía 1,2 ha en el primero de estos municipios y fue senador por Vizcaya y dos tíos, Gabriel y María del Pilar Mazarredo Tamarit eran dueños de 11 ,7 y 15,6 ha respectivamente. Pariente de los anteriores era también María del Carmen Zabalburu Mazarredo, dueña de 567 ha que se localizaban esencialmente en Baracaldo y Galdames y la convertían en tercera mayor propietaria provincial. Su padre, Mariano Zabalburu había sido uno de los fundadores del Banco de Bilbao. También eran parientes suyos por vía paterna Carlos y Ramón Solano Adán de Yarza, dueños de 27 ha cada uno en Vizcaya y el segundo poseedor de la misma superficie en Guipúzcoa (UTANDA MORENO-FEO PARRONDO, 1995, p. 124125).

Como en el resto de las provincias, la superficie propiedad de la aristocracia es muy significativa. Es el caso de Casilda Salabert Arteaga, duquesa viuda de Santo Mauro, nacida en Madrid en 1858 y casada primero con el duque de Medinaceli y posteriormente con el de Santo Mauro, duquesa de Ciudad Real y marquesa de Torrecilla, Grande de España y dueña de 432 ha repartidas entre quince municipios vizcaínos aunque casi la mitad se localizaban en Lemóniz. Poseía también 10.837 ha en la provincia de Badajoz en la que era la segunda mayor propietaria (ROSIQUE, 1988, p. 204), 711 en la de Madrid (MATA et al., 1985, p. 339), más de 200 en Valencia (ROMERO, 1983, p. 325), casi tres en Castellón (OBIOL, 1988, p. 240), 80 en la Sagra toledana (RODRIGUEZ, 1984, p. 366) y casi dos en Cantabria en exclusiva y otras 67 compartidas con su hijo Rafael Fernández de Henestrosa (FEO PARRONDO, 1994, p. 304). En esta última provincia, aparecían asimismo como propietarias sus hijas María y Casilda.

También aparece en el RPE de Vizcaya su hermana Fernanda, marquesa de Valdeolmos, Grande de España, viuda de Mariano Miguel Maldonado Dávalos, conde de Villagonzalo, fallecido en San Sebastián en 1921. Ella poseía 35 ha repartidas entre cuatro municipios ya nombre de su marido seguían inscritas 2.150 ha en diversas zonas de España (CARRION, 1973, p. 123). En algunas fincas, Fernanda Salabert aparece inscrita como duquesa de San Pedro de Galatino, título que pertenecía a su hermano Alfonso, dueño de 1.907 ha en la provincia de Badajoz (ROSIQUE, 1988).

También está inscrita como propietaria su hermana María Dolores, marquesa de Torre de Esteban Hambrán, casada con Ildefonso Pérez de Guzmán el Bueno, conde de Torre Arias, senador y diputado, y dueña de 58 ha que se localizaban fundamentalmente en Bilbao y Urduliz. Poseía otras 2.076 ha en Badajoz (ROSIQUE, 1988), y 466 en Madrid, provincia en la que su marido aparece como dueño de otras 257 ha (MATA et al, 1985, p. 340-341).

Enrique Queralt Fernández-Maquieira, conde de Santa Coloma, marqués de Cañete, Gramosa, Vallehermosa, Alconchel, Lanzarote, etc, cinco veces Grande de España, senador, gracias a las 774,5 ha repartidas entre once municipios vizcaínos, era el segundo mayor propietario rústico provincial (disponía, asimismo, de 31 ,5 ha en el municipio guipuzcoano de Elgoibar). Parte de sus propiedades vizcaínas las inscribe el registrador a su nombre y parte aparecen a nombre de cuatro herederos, tres de ellos menores de edad, lo que parece indicar que había fallecido recientemente. Había nacido en Madrid en 1867 y se había casado en 1909 en Zarauz con Brígida GilDelgado. También aparecen inscritos en el RPE dos sobrinos de ésta, Carlos y Alfonso Gil-Delgado y de la Plaza como dueños de 81,3 ha en Berriz. Ambos eran menores de edad, habían nacido en 1926 y 1928, y accederán a los títulos de conde de San Carlos y marqués de Bariñas en 1951 y 1950 respectivamente.

Carlos Fernando Stuart Falcó, duque de Peñaranda, Grande de España, era propietario de 82,6 ha repartidas entre Mendata, Ea y Mundaca, lo que no era mucho teniendo en cuenta q.ue en 1933 era el segundo mayor propietario rústico de España, tras el duque de Medinaceli, con 51.016 ha (CARRION, 1973) apareciendo como gran propietario en diversas provincias: 3.437 ha en la de Badajoz (ROSIQUE, 1988), 430 en la de Madrid (MATA et al., 1985).

Teodoro Arana Belaustegui, conde de Arana, era dueño de 75 ha que había comprado en Ereño. Era autor de diversos trabajos de temática vasca. Su título nobiliario no aparece incluido posteriormente en los listados de nobles.

Joaquin Fernández de Córdoba y Osma, marqués de Povar, de Cubas, Malpica, duque de Arión, Grande de España, senador por derecho propio, poseía 4 ha entre Zollo y Munguía que no declara y son inscritas por el registrador.

Mayor superficie, 41 ha repartidas entre Abadiano, Guernica-Luno y Mendata, tenía Francisco Javier Allende-Salazar Azpiroz, conde de Tovar, título que había rehabilitado en 1923. El usufructo lo disfrutaba su madre María, dueña de otras 10,9 ha en Guernica y Luno4, Su hermano Manuel era dueño de 10,9 ha en Ajanguiz. Era conde de Montefuerte y su hijo heredará este título, el de marqués de Casariego y el de marqués de Santa Cristina, otorgado en 1887 a Amparo Bernaldo de Quirós Muñoz, Grande de España desde 1891 y propietaria de 257,3 ha en el concejo asturiano de Mieres en 1933 (FEO PARRONDO). En las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya aparecen diversos Allende-Salazar como propietarios rústicos.

Jesusa Garmendia Larrañaga, marquesa consorte de Tola de Gaytan, era dueña de 8,2 ha en Echano. También poseía otras 96,8 ha en la provincia de Guipúzcoa en la que su marido era dueño asimismo de 17,5 ha y en la que aparecían inscritos como propietarios varios familiares de éste, cuyos antepasados habían detentado cargos públicos al menos desde el siglo XVIII. En Vizcaya aparece también inscrito Alejandro Gaytán de Ayala Ansótegui como dueño de 265,7 ha repartidas entre Jemein, Marquina y Echevarría, cuyos montes declara que explota directamente y, por tanto, no serían expropiables, como tampoco parte de los predios de Echevarría que estaban recalificados como urbanos aunque en el RPE siguen apareciendo como rústicos. Había sido vicepresidente de la Diputación Provincial de Vizcaya en 1929 y miembro de la Sociedad de Estudios Vascos, de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y presidente de la Federación Católica Agraria de Vizcaya.

Por su parte, Juan Carlos de Aréyzaga poseía 67,5 ha en Cemarruza y era barón de Aréyzaga, título que databa de 1630. Más numerosas eran las propiedades de la marquesa de Rocaverde, Mercedes Arriola Mayúa. Ella poseía 75,9 ha en Dima, sus hijos Ignacio, Esperanza, Mercedes y Gonzalo Urrecha Arriola detentaban la propiedad de 216 ha entre Dima y Castillo-Elejabeitia y su hermana Consuelo otras 17,5 ha en Ceanuri.

Ignacio Murúa Balzola, conde del Valle, marqués de Balzola y de Murúa (este último, título pontificio que databa de 1917) poseía 6,4 ha en Elorrio. Era propietario también de 253 ha en Guipúzcoa, provincia en la que su mujer aparece también como marquesa viuda de Murúa y dueña de 158 ha por lo que él debió morir mientras se realizaba el RPE (UTANDA MORENO-FEO PARRONDO, 1995, p. 122). Era uno de los mayores contribuyentes rústicos de Guipúzcoa, provincia por la que fue senador católico-fuerista en 1907 y en la que numerosos antepasados fueron diputados forales a lo largo del siglo XIX.

María Luisa Maldonado Alvarado, marquesa de Castellanos y de Trives, poseía 10,9 ha en Echevarría, municipio en el que su hermana Amalia era dueña de 6,5 ha. Ambas compartían otras 10,2 ha en Amorebieta, 30 en Motrico (Guipúzcoa) y 20 en Puebla de Trives (Orense) (FEO PARRONDO, 1995, p. 127).

Blanca Alzola González de Castejón, marquesa de Yurreta y Gamboa (título que se le había concedido en 1920) poseía 5,6 ha en Durango. Había heredado el título de duque de Andría (con el que aparece en el RPE) de su segundo marido José Alfonso Bustos y Ruiz de Arana. En primeras nupcias había estado casada con Juan de Gurtubay y González de Castejón, industrial. Una hija de este primer matrimonio, Carmen Gurtubay Alzola, aparece como titular de 7,5 ha repartidas entre Yurreta y Durango.

Juan Pablo Ruiz de Gamiz y Díez de Ulzurrun, poseía 13,9 ha en Elorrio. Aparece inscrito como conde de Torre Antigua de Orue (título que pertenecía a su esposa María Rosario Zulueta y Urquizu) y no menciona el de conde de Casa Angulo. Su hija María Aránzazu se casará posteriormente con Angel María Hualde, hijo del marqués de Casa Torre, propietario mencionado anteriormente.

Diversos títulos nobiliarios más aparecen asimismo como propietarios: María del Carmen Carvajal y Alcazar, duquesa de Abrantes y Linares y marquesa del Duero, de Sardoal y de la Revilla, condesa de Cancelada y de Lences, Grande de España, era dueña de 9 ha en Munguía; Enrique Calvo Maltrana, marqués de Maltrana, dueño de más de 115 ha en Mena; Luis de Olaso Madaria, marqués de Madaria, poseía 110 ha en Orduña; Manuel Ordóñez de Barrraicua y Pérez de Tagle, marqués de Villarias, era dueño de 307 ha repartidas entre nueve municipios vizcaínos y poseía también una pequeña superficie en el municipio cántabro de Castro Urdiales (FEO PARRONDO, 1994, p. 295). En otras ocasiones no aparecen en el RPE con título nobiliario pero eran parientes de nobles. Es el caso de María López de Ceballos y Ulloa, dueña de 31 ,2 ha en Aracaldo y Orozco, hermana del conde de Peñacastillo e hija de los condes de Campo Giro. Este fenómeno se reproduce con María Josefa Silva Fernández de Henestrosa, quien poseía 82,7 ha entre Jemein y Ermúa. Su padre Luis era conde de Pié de Concha, su hermana María Luisa, duquesa de Talavera de la Reina, poseía 19,5 ha en Guipúzcoa y era esposa del príncipe Fernando de Baviera y su hermana Catalina ostentaba asimismo varios títulos nobiliarios. No menciona su título de marqués de Acillona (otorgado a su padre José en 1902 por el Papa León XIII), Tomás de Acillona Uría, dueño de 14,4 ha en Guecho y miembro del consejo de administración del Banco de Crédito de la Unión Minera, Industrial Resinera Ruth, Unión Minera Española, Banco Central, Naviera Mundaca, etc. Su hijo Guillermo Acillona Durañona, formó parte asimismo del consejo de administración del Banco del Crédito de la Unión Minera, Carbonífera del Sil y Ferrocarriles Vascongados (GONZALEZ PORTILLA, 1981, t. 1, p. 217) yen 1951 consigue que se autorice la utilización en España de su título de III marqués de Acillona.

También aparecen como propietarios rústicos en Vizcaya numerosos miembros de la burguesía dedicada a actividades mineras e industriales. Esta burguesía había adquirido numerosos terrenos en la cuenca minera a mediados del siglo XIX que explotaban un número reducido de familias como los Ibarra, Chávarri, Martínez de las Rivas, Gandarias, .Durañona, Lezama Leguizamón, Sota y Aznar, Allende, Salazar Chávarri, etc. (GONZALEZ PORTILLA, 1981, t. 1, p. 67-69). Esta burguesía, que había acumulado importantes masas de capital con la explotación minera, fue el eje, a nivel empresarial, del desarrollo industrial y del capitalismo en el País Vasco y en otras zonas mineras como Asturias, Córdoba, etc.

Entre los propietarios en 1933 aparecen Crédito de la Unión Minera y María de Chávarri Salazar e hijos5 como dueños de 28,9 ha en Gorocica. La empresa había sido constituída en 1901 como S.A. María Chávarri Salazar, que poseía también otras 11 ,8 ha en el mismo municipio, era hermana de Victor y Benigno, dos de los miembros más significativos de la burguesía vizcaína. Victor participó en la industria (Altos Hornos de Vizcaya) explotación de minas (fundador de Hulleras del Turón) y de ferrocarriles (financió parcialmente el de La Robla para llevar carbón de la cuenca leonesapalentina), fue diputado, senador, fundador de la Liga Vizcaína de Productores, etc. Por su parte Benigno, marqués de Chávarri desde febrero de 1914, participó en el accionariado de Altos Hornos de Vizcaya, Banco de Bilbao, Banco del Comercio, Unión Española de Explosivos, etc. y también fue diputado y senador. Otra hermana de ambos estaba casada con José María Hualde de Lizana, marqués de Casa Torre, alcalde de Bilbao y varias veces diputado por el distrito de Durango, y dueño de 186 ha, de las cuales 150 en el municipio de Yurre en las que alega que tiene una explotación industrial para intentar salvarlas de la expropiación6. También aparece como propietario de 6,6 ha en Guecho, Víctor Chávarri Anduiza, marqués de Triano, senador, diputado e hijo del industrial Víctor Chávarri Salazar, presidente del consejo de administración de Babcock & Wilcox desde su fundación en 1918. Formó parte también del consejo de administración de los bancos de Bilbao y de Comercio, de Hulleras de Turón, Sociedad General de Ferrocarriles Vasco-Asturiana, Fundiciones de Vera, Gran Hotel Carlton, Vizcaína de Construcciones, etc. (GONZALEZ PORTILLA, 1981, t. 2, p. 114-115). Su madre, Sebastiana Anduiza aparece como propietaria de 2,8 ha en Erandio.

Otros numerosos propietarios de suelo rústico expropiable en 1933 son descendientes de los socios fundadores de Altos Hornos de Bilbao en 1882: los Gurtubay, Ibarra, Urigüen, Zabalburu, Basabe, Chávarri, Urquijo, Gandarias, Durañona, etc., apellidos que frecuentemente aparecen entrelazados familiarmente en las primeras décadas del siglo XX. Es el caso de Juan Tomás Gandarias Durañona. Su padre Pedro y su tío materno Juan de Durañona eran significativos accionistas de Altos Hornos de Bilbao a fines del XIX. Juan Tomás Gandarias Durañona poseía, en 1933, 78 ha en Arrazua y 23,7 en Meñaca, aunque sus principales ingresos procedían de la actividad industrial ya que había sido socio fundador de Altos Hornos de Vizcaya y uno de los que jugó un papel decisivo (tras la muerte de Víctor Chávarri Salazar en 1900) en la fusión con Altos Hornos de Bilbao, fusión que permitió el control del mercado nacional. Era abogado y fue diputado electo por Guernica ininterrumpidamente de 1896 a 1914, miembro fundador de "La Piña" (1897), unión política de industriales vizcaínos conservadores y de la Liga Monárquica de Vizcaya. También fue presidente del Círculo Minero de Bilbao y de los consejos de administración de Talleres de Deusto, de la fábrica Basconia y de los ferrocarriles de Amorebieta a Guernica y Pedernales, vicepresidente del ferrocarril de Bilbao a Portugalete, consejero de la fábrica La Vizcaya, de las sociedades Anglo Vasco, Compañía de Navegación Vasco-Asturiana, etc. Su hermano Alejandro fue socio fundador de Altos Hornos de Vizcaya y su hermano Ricardo ocupó puestos importantes en numerosas empresas mineras, industriales y ferroviarias de Vizcaya, Córdoba y Asturias. Desde finales del XIX, los Gandarias, Durañona, Chávarri, Salazar, etc, explotaban minas de hierro (hematites) a bajo precio, lo que les permitía producir lingotes y productos siderúrgicos semielaborados a un precio módico y rentable (GONZALEZ PORTILLA, 1985, p. 113), con los que aprovisionaban a Altos Hornos de Vizcaya, junto con carbón que transportaban en ferrocarriles propios, controlando todo el proceso: extracción minera, transporte y transformación industrial con distintos grados de especialización. Sin embargo, en los años previos a la realización del RPE se produce en Vizcaya una fuerte caída de las exportaciones de mineral como consecuencia de la crisis mundial, repercutiendo negativamente sobre los sectores siderúrgico y minero y generando un paro muy elevado (unas cien mil personas en 1933, la quinta parte de la población provincial). Los trabajadores en las minas vizcaínas bajan de 6.700 en 1929 a 4.500 en 1934 y en muchas minas se trabaja además con semana reducida de tres o cuatro días (ELORZA, 1982, p. 139). La crisis se entiende mejor si tenemos en cuenta que en 1930 Vizcaya contaba con unos 485.000 habitantes (de ellos casi 162.000 en Bilbao) y que la población activa provincial se ocupaba mayoritariamente en el sector secundario (47%), que había crecido sustancial mente a costa de un primario que no sobrepasaba el 21,49% (FUSI, 1984, p. 14-15).

Entre los industriales vizcaínos con propiedades rústicas expropiables en 1933 también estaba Estanislao de Urquijo y Ussía, tercer marqués de Urquijo (título otorgado en 1871 a Estanislao de Urquijo y Landaluce) y Grande de España desde 1918. Poseía más de 373 ha en Orozco y pequeñas superficies en Aracaldo, Arrigorriaga y Orduña, lo que le convertía en uno de los diez mayores propietarios rústicos provinciales. Había nacido en Madrid en 1872, se casó en 1898 con María de Landecho Allende-Salazar, marquesa de Cábrega, ejerció como abogado; fue (como su padre y abuelo) diputado y senador. Ocupó cargos importantes en los bancos Urquijo, Hipotecario de España, de Crédito Industrial, en sociedades inmobiliarias y numerosas empresas ferroviarias, petrolíferas, portuarias, de construcción naval, eléctricas, mineras, etc, de toda España (GONZALEZ PORTILLA, 1981, t. 2, p. 119). En muchas de ellas compartió consejo de administración con sus hermanos Luis (marqués de Amurrio) y Juan Manuel, diputados y el segundo también senador. Sus hermanas Cecilia y María Encarnación se casaron respectivamente con Juan Tomás Gandarias Durañona, importante empresario industrial y propietario como hemos visto anteriormente, y con Francisco de Cubas, marqués de Cubas. Por su parte, Adolfo Gabriel de Urquijo e Ybarra, conde pontificio de Urquijo por concesión del Papa en 1907, poseía 23,4 ha en Echevarría y había sido diputado por Baracaldo y miembro fundador de La Unión Liberal en 1897 junto con Víctor Chávarri, el marqués de Casa Torre, Juan Tomás Gandarias, etc.

Estas relaciones de parentesco permitían un mayor control de las empresas y así, en la Junta General de accionistas de Altos Hornos de 28 de abril de 1902, cinco accionistas (Tomás de Zubiría, Benigno Chávarri, Juan Tomás Gandarias, Estanislao Urquijo Ussía y Juan Barat) tenían el control del 58% de los votos (GONZALEZ PORTILLA, 1985, p. 101 ). Este control político y económico se explica perfectamente por los constantes enlaces matrimoniales que hacen que los apellidos e intereses se entremezclen permanentemente. Un magnífico ejemplo es la política matrimonial del clan Ibarra a lo largo de los siglos XIX y XX (GONZALEZ PORTILLA, 1981, p. 214219), alguno de cuyos miembros aparece inscrito como propietario rústico en el RPE. Es el ejemplo de María Isabel Ibarra Oriol y de su marido Juan Aguirre Achuategui, propietarios de 64,9 ha en Berango. También se incluyen Domingo María Ibarra Goicoechea, vizconde de Santo Domingo de Ibarra, dueño de 14,8 ha en Jemein, y su hermana María Asunción que poseía 13,9 en Berriatua. Por su parte, José Luis de Oriol Urigüen, cuñado de Fernando Ibarra Revilla (casado con María Angeles Oriol), poseía 13,4 ha en Lejona y se dedicaba a la actividad industrial, siendo posteriormente presidente del consejo de administración de la sociedad Española de Productos Fotográficos VALCA S.A. Pariente de este último y de los Ibarra era también Victoriano José John Urigüen, dueño de 28,4 ha en Erandio que parcialmente destina a cultivo y el resto lo ocupaban una fábrica y varios pabellones industriales. Familiar de este úItimo era José E. de Urigüen Bayo, dueño de más de cuarenta y cuatro hectáreas repartidas entre Munguía y Gamiz y uno de los socios fundadores en 1934 de Vidrieras de Llodiol (Villosa) (RIVERA BLANCO, 1992, p. 49).

Estrecha relación con minería y siderurgia guardan asimismo otros propietarios rústicos inscritos en el RPE. Es el caso de José María San Martín Allende, dueño de 54 ha en Gordejuela, 25,9 en Abanto y Ciérvana y 5,6 en Santurce y miembro fundador en 1882 (junto con los hermanos Chávarri) de la S.A. de Metalurgia y Construcciones Vizcaya y posteriormente accionista de Altos Hornos de Bilbao y miembro de los consejos de administración de Banco de Crédito de la Unión Minera, Coto Teuler, Hulleras de Turón y otras empresas mineras, ferrocarril de La Robla, Bodegas Vizcaínas, etc. También aparecen como propietarios su hija Juliana San Martín de la Sota con 2,3 ha en Galdames y su hijo Jaime con 21,8 entre Santurce y Sopuerta, la casi totalidad en este último término, cuyas fincas alega que en 1933 había adjudicado a la Fundación Sota de Sopuerta.

José F. de Epalza Legorburu poseía 126 ha y era accionista importante de la S.A. Anglo-Vasca de Minas de Córdoba, minas Alcaracejos, Minera La Romana, ferrocarril de Bilbao a Portugalete, etc. Su hermano Domingo era miembro del consejo de administración de los bancos de Bilbao y Comercio, de Hulleras de Sabero, etc. y su hermano José P. de Minas de Teverga (GONZALEZ PORTILLA, 1981, p. 116-117).

Por su parte, Mercedes Martínez de la Riva Richardson, propietaria de 7,7 ha en Lejona, era sobrina de José María Martínez de la Riva, marqués de Mudela, dueño de la fábrica siderúrgica de San Francisco de Sestao, miembro del consejo de administración de los bancos de Bilbao y del Comercio, dueño de una naviera que llevaba su nombre y vicepresidente de Minero Siderúrgica de Ponferrada y varias veces diputado por los distritos de Valmaseda y Bilbao.

También era accionista de Altos Hornos, Manuel de Taramona y Díaz de Entresotos, propietario de casi ocho hectáreas en Zalla. Su hermano Arturo poseía 0,4 ha en Santurce. Su padre José había sido asimismo miembro del consejo de administración del Banco de Bilbao, junto con otros antepasados de propietarios inscritos en el RPE. Es el caso de Manuel lezama leguizamón, cuyos herederos poseían 23,6 ha en Abadiano, 21 ,7 en Durango, 29 en Izurza y 26,8 en Yurreta. Uno de ellos, Luis Lezama, poseía otras 13,4 ha entre Begoña y Echevarri y fue uno de los propietarios de "la Gaceta del Norte" (YBARRA, 1947, p. 347-348) y era dueño asimismo de 7 ha en Guipúzcoa.

También están en esta situación los hermanos Soledad y Ramón Ampuero del Río, poseedores de 527 y 49,7 ha respectivamente. Su padre José María había sido además alcalde de Durango y diputado provincial por este distrito, senador por Guipúzcoa en varias legislaturas e impulsor de los sindicatos agrícolas, autor de una "Cartilla del agricultor vascongado" y propulsor del ferrocarril central de Vizcaya.

No faltan tampoco entre los propietarios rústicos vizcaínos personas que ocupasen o hubiesen ocupado puestos significativos en la provincia. Es el caso de Francisco Basterrechea Alonso, que era político y abogado, vocal de la Sociedad de Estudios Vascos y había sido diputado a Cortes y componente del Tribunal de Garantías Constitucionales. En 1933, poseía 11 ,9 ha en Fruniz.

Fernando Jauregui Coste, diputado monárquico por Vizcaya en 1919 y presidente de la Diputación, poseía 13,5 ha en Amorebieta, municipio en el que su madre Carmen aparece como dueña de otras 25 ha. Era descendiente de diversos diputados decimonónicos, al igual que Lorenzo Llona Hurtado de Saracho, propietario de 81 ,9 ha en Sondica.

Manuel Barandica Ampuero, dueño de 16,7 ha en Busturia era intelectual y escribió numerosos trabajos, al igual que su hermana Elvira, historiadora y marquesa de Cerragería. Su padre Manuel había sido diputado por Guernica a fines del XIX y autor del libro "Los Fueros y sus defensas", publicado en 1898 y en el que se recogen los discursos parlamentarios en defensa de los fueros.

También descendiente de diputado era Justa Basabe, dueña de 15,8 ha en Murueta. Su padre Julián había sido diputado por Guernica, alcalde de Deusto y diputado general y estaba emparentado por vía materna con los Allende-Salazar.

Enrique de Aresti Torres, dueño de 6,9 ha en Guecho, originario de Arceniega (Alava) había emigrado a Méjico de donde regresa en 1882 para fijar se residencia en Bilbao como hombre de negocios, tarea en la que funda La Papelera del Cadagua y La Resinera Española, siendo además accionista de los ferrocarriles Bilbao-Santander y La Robla-Valmaseda, consejero del Banco de Bilbao y de Siderúrgica del Mediterráneo y vocal de la Caja de Ahorros Vizcaína. Asimismo fue presidente de la Diputación de Vizcaya y Gobernador Civil de Vizcaya y Alava. En 1908 se le concedió el título de conde de Aresti. También había sido presidente de la Diputación de Vizcaya hasta 1911, Luis de Salazar y Zubía, dueño de 153,9 ha en Güenes. En 1913, el cargo lo ocupa el liberal José María de Murga y Arana, dueño de 2,1 ha en Jemein. Su hermana María poseía otras 11 ,4 ha en Ondárroa y su hermano Ramón 106 en Berriatua. Los tres hermanos Murga Arana eran propietarios también de 3,2, 19,2 y 20,5 ha respectivamente en la provincia de Guipúzcoa.

Mercedes, Carmen y José Luis Arancibia Lebario, dueños de 19 ha en Abadiano, eran hermanos de Juan Arancibia, quien había sido alcalde monárquico de Bilbao en 1922 y jugado un papel decisivo en la construcción y puesta en marcha del Reformatorio de Amurrio.

Ignacio de Gortázar y Manso de Velasco, conde de Superunda y Grande de España, y dueño de 65 ha en Bedia, es autor de diversos trabajos sobre la historia vasca y explotó con sus hermanos la industria subsidiaria de instalaciones de minas e industrias "Gortázar Hnos". Su hermano Javier, nacionalista, exiliado tras la guerra civil, desempeñó la delegación del Gobierno de Euskadi en Bayona. Su hermano Ricardo, ingeniero de minas e industrial, fue miembro de las comisiones patronales de Vizcaya y presidente de la Sociedad Bilbaína en 1947-48. Su padre Manuel María había sido diputado foral desde 1872 y presidente de la Diputación. Era dueño de una importante explotación vitivinícola en la localidad alavesa de Laguardia (SANZ LEGARISTI, 1988). Esta actividad la compartió con otro pequeño propietario en Vizcaya, José Guillermo Hurtado de Amézaga y Zabala, marqués de Riscal y de Quintana del Mar, conde de Villaseñor, quien solamente poseía 8 áreas y 71 centiáreas entre Ceanuri y Villaro que no declaró, pese a su condición de Grande de España, y que fueron inscritas a iniciativa del registrador.

Por último, otro grupo de personas eran importantes propietarios en otras provincias. Es el caso de María Amparo Unceta González-Arnao que poseía 23,4 ha en Ispaster y otras 24,5 ha en Guipúzcoa (donde sus antepasados disponían de casa solariega desde el siglo XIII y habían figurado entre los mayores contribuyentes rústicos provinciales) y de 2.577 ha en Albacete, provincia en la que su hermana Teresa era dueña de otras 2.364 ha (MATA, 1988, p. 203). Su padre José María disponía de 34,4 ha en Elorrio.

Este es el caso también de Tomása Zavala de Verastegui, dueña de 18 ha en Orduña y de otras 86 en Guipúzcoa, y de los hermanos José, Visitación y Trinidad de la Quintana Salcedo, propietarios de 105,6, 33,6 y 40 ha respectivamente y este último dueño de otras 93 en Guipúzcoa.

La diversidad de formas de acceso a la propiedad adquiere su mayor nivel en Vizcaya. El Cuadro IV es la mejor muestra, si bien predomina el sistema de herencia con el 61 %, porcentaje que se eleva si le añadimos los de cesión, división, donación, donación matrimonial, dote y legado que son variedades de la herencia. En cambio, las compras son mucho más reducidas aunque el mercado de suelo rústico en Vizcaya parece estar mucho más vivo que en el resto de la España Atlántica, dinamismo que mantienen propietarios que pretenden ampliar sus predios heredados o recibidos en forma de dotes matrimoniales.

Prácticamente el 70% de la superficie inscrita pertenecía a residentes en Vizcaya (Cuadro V) aunque no faltaban los propietarios vecinos de provincias cercanas como Guipúzcoa, Navarra, Alava, Santander, Burgos, Logroño, etc. y, sobre todo, de Madrid (casi dos mil hectáreas pertenecientes fundamentalmente a la aristocracia). También aparecen superficies propiedad de residentes en el extranjero: Filipinas, Francia, Uruguay, Cuba y México.

CUADRO II SUPERFICIE POR CAUSA DE EXPROPIACION

Fuente: R.P.E. y elaboración propia.

CUADRO III. PROPIETARIOS INSCRITOS POR TAMAÑO

Fuente: R.P .E. y elaboración propia.

CUADRO IV. SUPERFICIE SEGÚN FORMAS DE ADQUISICIÓN

Fuente: R.P.E. y elaboración propia.

CUADRO V. SUPERFICIE EXPROPIABLE SEGUN RESIDENCIA DE LOS PROPIETARIOS

Fuente: R.P.E. y elaboración propia.

NOTAS

1, Hemos mantenido los términos municipales como aparecen en el RPE en 1933. Algunos municipios, como Begoña y Deusto, habían sido incorporados a Bilbao casi una década antes pero, sorprendentemente, en el Registro de la Propiedad siguen figurando como independientes. Las fusiones y asimilaciones posteriores han sido bastante numerosas: Abando, Derio, Lujua, Sondica y Zamudio se han incorporado a Bilbao; Ajanguiz, Arrazua y Forua a Guernica y Luno; Apatamonasterio, Arrázola y Axpe se fusionan dando lugar al municipio de Va111e de Atxondo; Gorocica e Ybárrúri se incorporan a Múgica; Amorebieta y Echano se han fusionado, lo mismo que Marquina y Jemein, etc.

2. Los registradores que realizan el RPE vizcaíno son: Damián Martínez Enciso y Darío Meleito Tejada (Bilbao), José de Ecénarro y Aróstegui (Guernica), José de Lapuerta y Beaurmann (Valmaseda), Manuel Durán (Marquina) y Alfonso Enriquez de Salamanca y José Pío Sainz Rodríguez (Durango).

3. La Caja de Ahorros Vizcaína había sido creada en 1920 por la Diputación con un capital de tres millones de pesetas, extendiéndose rápidamente por toda la provincia realizando un apoyo significativo a la construcción de viviendas, de obras públicas, bibliotecas y conversión de arrendatarios en propietarios, si bien en este último apartado había contribuido al acceso a la propiedad de 59 campesinos, Arantzadi señala que la tarea pendiente era ingente porque en Vizcaya había 19.000 familias campesinas (ARANTZADI, 1932, p. 271).

4. Era viuda de Manuel Allende Salazar. ingeniero agrónomo nacido en Guemica en 1856. A los veintiocho años fue elegido diputado por Marquina y posteriormente alcalde de Madrid y ministro de Hacienda, Instrucción Pública. Agricultura y Estado sucesivamente y gobernador del Banco de España.

5. Sus hijas Carmen y Clotilde Salazar Chávarri, que aparecen también como copropietarias, contraen matrimohio con el conde de Cadagua y el marqués de Feria respectivamente.

6. Este mismo pretexto alega Anselmo Lopez de Letona y Rueda con sus 5,9 ha en Bedia y Cornelio Gorostiza Ortueta con sus 480,7 ha en Axpe, en las que declara que cuenta con un aserradero de madera que le permite explotar directamente sus montes, un taller de cajas de embalaje, otro de reparaciones, una central eléctrica y una panadería. Su hermana Leona poseía otras 4,8 ha en Abadiano y su también hermana Modesta era dueña de 25 ha repartidas entre Abadiano y Durango.